Junta Electoral Central afronta su renovación en mitad de la tormenta

La Junta Electoral Central (JEC) se enfrenta a su renovación en medio de otra tormenta política debido a los vínculos de sus integrantes con los partidos, precisamente los que en próximas fechas deberán ponerse de acuerdo para designar a cinco de sus nuevos vocales.

Como ocurrió con la Mesa de la Cámara Baja, igual que sucedió con la estructura de las comisiones parlamentarias, un frente se abrirá otra vez: ¿entrará en la JEC un candidato propuesto por Vox?

Fuentes parlamentarias constatan a Efe que las conversaciones al respecto no han comenzado, pero auguran que la línea roja del PSOE será la misma: Vox no.

Con esa idea abordarán con el PP la renovación de los vocales de la Junta que conciernen al Congreso. ¿Qué hará el Parido Popular?

Antes de continuar con esta variable política, cabe repasar el procedimiento de designación de vocales de la Junta Electoral Central, un órgano que tradicionalmente se movía en la discreción y que ahora, como consecuencia de la concatenación de varias elecciones, avanza de sobresalto en sobresalto dada la repercusión de sus acuerdos.

La última muestra proviene de una información adelantada por "eldiario.es" según la cual el exvocal Andrés Betancor compatibilizó las funciones como integrante de la JEC con un trabajo remunerado por la misma formación que le propuso: Ciudadanos.

Los trece miembros de la Junta Electoral Central tienen que renovarse después de los comicios, en concreto durante los 90 días siguientes al de la constitución de las Cortes Generales, según regula la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Como el Congreso y el Senado de la presente legislatura se formaron el pasado 3 de diciembre, el próximo martes, 3 de marzo, acabará el plazo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encarga de proponer a ocho de los trece vocales, pues han de ser magistrados del Tribunal Supremo, y los cinco restantes los nombra el Congreso "a propuesta conjunta" de los partidos o formaciones con representación parlamentaria.

Estos cinco deben ser catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología.

Apostilla la LOREG: si en el plazo citado no se completa la renovación, la Mesa del Congreso, oídos los grupos políticos presentes en la Cámara, procede a su designación "en consideración a la representación existente en la misma".

Una resolución de la Presidencia del Congreso afina más y deposita en la persona que ejerza dicha Presidencia la potestad de postular a esos cinco vocales.

En consecuencia, a lo largo de los próximos días Meritxell Batet tendrá que anunciar quiénes será los cinco catedráticos que ingresen en la Junta Electoral Central.

Varias fuentes de la Mesa del Congreso coinciden en recalcar que la actual presidenta no ha planteado nada al respecto. Habrá de hacerlo a partir del martes.

Tal y como recuerda una fuente conocedora del funcionamiento de la Junta que prefiere no dar su nombre, son los partidos representados en la Mesa del Congreso los que cierran las propuestas bien por consenso o bien por acuerdo de la mayoría.

El órgano de gobierno de la Cámara Baja lo forman nueve diputados, repartidos así: tres del PSOE, incluida Batet; tres de Unidas Podemos, dos del PP y una de Vox.

Tradicionalmente los grupos parlamentarios más pequeños no influyen en las negociaciones y suelen dar su plácet a lo que determine la Mesa, de manera que en el campo de la negociación sólo juegan los grupos más numerosos. Vox es la tercera fuerza política del Congreso.

La negociación que se avecina generará tensiones ya no sólo por el concurso de la formación de Santiago Abascal y el desenlace que ello tenga, sino además por el ambiente que se ha creado alrededor de la Junta.

Que los cinco vocales que designa el Congreso cuentan con un bagaje laboral o profesional relacionado con los partidos políticos es sabido. Otra cosa es que formen parte de la JEC y cobren del partido que los postule, como parece que hizo Betancor.

Con la finalidad de evitar semejantes conexiones, el grupo socialista ha registrado en el Congreso, esta semana, una proposición no de ley para zanjar cualquier relación "ilegítima" con organizaciones políticas.

Haber sido o ser militante de un partido, o haber trabajado en su órbita en algún momento, no es por ahora un impedimento.

Basta revisar el acta de la Comisión de Nombramientos del Congreso del 13 de septiembre de 2019, cuando avaló a los cinco vocales de la Junta que aún siguen como tales. Esta Comisión es el órgano que da su visto bueno a la idoneidad de los candidatos tras haber respondido preguntas de los diputados de los grupos.

Por recordar dos ejemplos: de Silvia del Saz, postulada por el PP, representantes de formaciones minoritarias cuestionaron su etapa dentro del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre, aunque no en un cargo de primer nivel, y a Juan Montabes, candidato del PSOE, le preguntaron si por ser militante socialista, además de exconcejal en Granada por este partido, se distorsionaría su cometido en la Junta.

Los cinco candidatos superaron la votación única, aunque por poco (cuatro votos a favor y tres en contra), pero quedó claro el grado de exposición y escrutinio al que se enfrentan los integrantes de la Junta Electoral Central desde hace apenas año y medio.