La asociación ‘Jaén, Sentido y Común’, heredera del grupo municipal de Jaén en Común que tuvo representación en el Ayuntamiento en el anterior mandato, prosigue su campaña ciudadana para exigir unaconsultapopular para que el conjunto de la ciudad decida sobre la forma de gestión del servicio de autobuses urbanos. Ayer recogieron firmas en la avenida de Andalucía y en las inmediaciones del Museo Ibero, y ya son casi 4.000 los apoyos recibidos para poder llevar a cabo una consulta que, según la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de Andalucía que regula las consultas populares, exige 6.500 firmas para poder realizarse. Mar Rodríguez, portavoz de ‘Jaén, Sentido y Común’ y candidata en las pasadas elecciones municipales, indicó que se trata de una iniciativa que se pone en manos de toda la ciudadanía y colectivos sociales de la ciudad y poner encima de la mesa los argumentos y razones a favor de un modelo o de otro de transporte público, siempre teniendo presente como deber ser la movilidad futura en la ciudad.
‘Jaén, Sentido y Común’, considera que, por la importancia de este servicio y sus implicaciones para la ciudad, “es necesario que esta cuestión se resuelva con la participación de todos los vecinos y de los movimientos sociales de la ciudad”. Además, recuerdan experiencias anteriores en la ciudad como por ejemplo, en 1992, en la consulta para la determinación del espacio de La Vestida como ubicación del recinto ferial de la ciudad de Jaén. “Excluir y descartar de antemano la municipalización del servicio de transporte urbano de las posibilidades de opción municipal, en base a la situación económica del Ayuntamiento, no es ni sensato ni coherente si se tiene en cuenta que la deuda municipal se deriva, en no poca medida, precisamente del endeudamiento creciente que el Ayuntamiento ha ido acumulando con las empresas privadas que gestionan los servicios municipales esenciales”, indican desde ‘Jaén, Sentido y Común’. Recuerdan que Jaén en Común fue quien promovió la revisión de oficio para pedir la nulidad de la prórroga del contrato a Castillo en 2005, y ello en base a las “ deficiencias y anomalías” de la gestión, entre ellas las de los tornos qque lograron eliminar. “Nuestro objetivo con la solicitud de nulidad que presentamos, era acabar con la nefasta gestión privada”.
