El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido de forma extraordinaria y por vía telemática este viernes ante la situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, ha aprobado una batería de medidas con especial incidencia en estos momentos ante las dificultades económicas que atraviesa el sector empresarial como consecuencia de la paralización de la actividad económica. Concretamente, nueve proyectos empresariales reciben una bonificación de 200.000 euros en el ICIO; se amplía otros ocho meses la moratoria de los solares de promotores privados inscritos en el registro público, y se han aprobado una decena de expedientes con el objetivo de agilizar el pago de otros 900.000 euros a proveedores dentro de la estrategia puesta en marcha desde inicio de la declaración del Estado de Alarma para inyectar liquidez en autónomos y empresas con contratos con la Administración local.
En primer lugar, a propuesta de la Delegación de Hacienda y Administración Pública, el Pleno ha aprobado nueve expedientes de bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a otras tantas empresas que han realizado rehabilitaciones de edificios con distintos niveles de protección para ponerlos en uso en impulsar proyectos empresariales. Estos proyectos han supuesto una inversión para la recuperación de inmuebles privados de la ciudad de 8 millones de euros.
Estas bonificaciones están previstas en la ordenanza fiscal de medidas de solidaridad social, impulso de la actividad económica y fomento del empleo que fija una reducción del 80 por ciento en las cuotas por obras en el ICIO cuando se trate de actuaciones de rehabilitación que afecten a edificios con algún nivel de protección. Esto supone una bonificación total de 200.000 euros para 9 expedientes con proyectos de diferente naturaleza. Así, obtienen esta bonificación proyectos de rehabilitaciones de edificios, la mayor parte de ellos deteriorados y sin uso, para iniciativas dirigidas a la construcción de viviendas, locales comerciales, centros culturales, hoteles o talleres artesanales.
“Esta es una medida que se diseñó con el objetivo de promover y favorecer la rehabilitación de edificios sin uso o deteriorados que suponen una recuperación del patrimonio de la ciudad para su puesta en uso y además generan empleo y actividad económica. En estos momentos tan difíciles, además, suponen una inyección de recursos económicos a estas empresas. Nuestra estrategia va a ser aprovechar todas las posibilidades y recursos disponibles para aliviar la grave crisis económica que sufren empresas y autónomos en la cuidad”, según ha explicado la delegada de Hacienda y Administración Pública, Sonia Gaya.
En este sentido, el Pleno, además, ha incorporado una decena de expedientes de Urbanismo, Cultura o IMD que permiten agilizar diferentes pagos pendientes en el marco de la estrategia que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento para agilizar todos los expedientes de proveedores para inyectar liquidez. En un primer estudio realizado, se están acelerando facturas por un importe de 40 millones de euros.
Por último, a propuesta de la Delegación de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, se ha aprobado prorrogar durante ocho meses la moratoria vigente desde el año 2014 en el deber de edificar por parte de propietarios de terrenos incluidos en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, a excepción de todos aquellos suelos de propiedad privada que hayan incumplido los plazos para edificar y cuenten ya con órdenes de ejecución de medidas de conservación que no hayan sido debidamente cumplidas. En estos momentos, esta moratoria afecta aproximadamente a 110 solares de la ciudad. De ellos, un 60 por ciento tienen superficies inferiores a 150 metros cuadrados y sus titulares con pequeños y medianos inversores. Asimismo, 41 solares se encuentran en Sevilla Este, donde sus titulares están activando estas bolsas de suelo por fases, de forma que no se encuentran paralizadas, sino que se están tramitando los proyectos necesarios.
“Esta prórroga estaba diseñada antes de esta grave crisis sanitaria y por eso se trabaja sobre un plazo de 8 meses. Hemos decidido mantenerla e iniciar un periodo de evaluación de las consecuencias de la pandemia provocada por el COVID-19 sobre la actividad económica en la ciudad para determinar las próximas decisiones en relación con este sistema diseñado en su momento para promover que no queden parcelas y suelos paralizados sine die”, ha explicado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz.
