La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) trasladó este miércoles a LaLiga la obligación de aplicar un plan de riesgos laborales ante la reanudación de la actividad, dentro de las medidas de desescalada aprobadas por el Gobierno en la situación de pandemia, en cumplimiento de la ley sobre esta materia.
El sindicato y la patronal de clubes abordaron en una nueva reunión este aspecto, dado que la normativa dicta que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que implica deberes para el empresario, informó la AFE.
Entre estos deberes está garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo con la adopción de cuantas medidas sean necesarias.
"El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores", marca la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que también obliga en este caso a los clubes a informar a los jugadores sobre los posibles riesgos que puede suponer la vuelta a la actividad.
A expensas de lo que pueda concretar este jueves el Grupo de Tareas de Impulso al Deporte (GTID) constituido por el Consejo Superior de Deportes (CSD), en el que están presentes entre otros LaLiga y la AFE, ambas partes empezaron a hablar este miércoles del fondo de ayudas que el fútbol profesional destinará a la Segunda B, la tercera y el fútbol femenino.
Dicha medida es parte de los llamados "pactos de Viana" por los que el CSD, la Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga acordaron, entre otros aspectos, crear un fondo de contingencia de 10 millones de euros, al que invitan a participar a otras entidades como la AFE para ayudar a los deportistas más vulnerables.
Los "pactos de Viana" también concretaron que parte de los recursos que generen los derechos audiovisuales del fútbol se destine a un rescate al resto de deportes federados, olímpicos y paralímpicos.
