La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha archivado el expediente de oficio incoado por el corrimiento de tierras acontecido el 23 de enero de 2019 en la corta de la mina Cobre las Cruces, localizada en suelos de Guillena, Salteras y Gerena y explotada por una filial de la multinacional canadiense First Quantum, después de que las administraciones competentes hayan descartado "afecciones medioambientales" por dicho episodio.
En su resolución, emitida el pasado 23 de abril y recogida por Europa Press, el departamento de Jesús Maeztu explica que dicho expediente de oficio fue incoado para averiguar posibles "daños medioambientales" como consecuencia del citado incidente, saldado sin daños para las personas pero con el derrumbe de gran cantidad de tierras sobre el fondo de la corta minera, extremo que llevó a la Junta de Andalucía a paralizar temporalmente las labores extractivas de mineral.
En ese sentido, la resolución precisa que tras las correspondientes consultas con las administraciones competentes, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) remitió un informe elaborado en mayo de 2019 por su Servicio de Aguas Subterráneas, según el cual "desde el punto de vista cuantitativo de las aguas superficiales y subterráneas, no se concluye que exista afección medioambiental al dominio público hidráulico" a cuenta del citado episodio.
Además, en la resolución figura que la CHG remitió un informe de su Servicio de Hidrología y Aguas Subterráneas fechado en octubre de 2019, determinando que "ya no son necesarias tantas medidas para observar tendencias, pudiéndose por tanto volver a la situación previa al incidente en cuanto a los controles de piezometría y en los arroyos Garnacha, Molinos y Almendreillos".
En cuanto a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, dicho departamento de la Junta de Andalucía dio cuenta a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz de que "a la vista de lo informado por Cobre Las Cruces, es posible extraer que no se han producido afecciones sobre las aguas subterráneas, sobre las aguas superficiales, la atmósfera, la flora y la fauna, y tampoco sobre el dominio público marítimo terrestre".
"LA CAUSA PRINCIPAL DEL DERRUMBE"
La Secretaría General de Hacienda, Industria y Energía de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla señalaba de su lado al departamento de Maeztu "la conclusión de que la causa principal del derrumbe fue la inestabilidad producida por la presión que el agua ejerce al penetrar en las grietas del terreno".
Además, la Administración andaluza informaba de que ya se trabajaba en la "actualización del Plan de Restauración Ambiental de la mina" como "garantía para normalizar plenamente la zona afectada por el derrumbe e integrarla en la Declaración de Impacto Ambiental de la explotación", ante lo cual la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz ha decidido archivar su expediente.
La producción de cátodos de cobre de este recinto comenzó en junio de 2009, constituyendo un claro activo económico para su área de influencia y una indudable fuente de riqueza y empleo para la comarca del Corredor de la Plata y el conjunto de la provincia de Sevilla.
En 2016, no obstante, varios directivos de Cobre las Cruces fueron condenados por un delito contra el medio ambiente y otro de daños al dominio público, a cuenta de la detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la práctica de 20 sondeos no autorizados y el vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes a este cauce hídrico explotado por la empresa minera, hechos todos ellos denunciados en 2008.
Sobre la empresa gestora del recinto minero, además, pesa una sanción acordada tiempo atrás por el Consejo de Ministros con una multa de 923.091 euros y una indemnización de 276.927,45 euros, por daños al dominio público hidráulico de la masa de aguas subterráneas Gerena-Posadas, toda vez que en 2014 se incoaba una nueva causa judicial contra la empresa, por presunto "abuso y sobreexplotación" del acuífero Niebla-Posadas.
