La llegada de inmigrantes a las costas andaluzas ha bajado un 60% en lo que va de año, según los datos del Gobierno. Cruz Roja constata esta reducción. Los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) han atendido a 289 personas rescatadas en patera o interceptadas en el puerto de Algeciras o Tarifa desde enero. El año pasado por estas fechas se registraron 2.081, casi diez veces más. En el conjunto de Andalucía el descenso es igualmente importante, al pasar de 6.877 en 2019 a 2.081.
Las organizaciones humanitarias desvinculan el fenómeno a la pandemia y al cierre de fronteras y señalan que la presión se ha trasladado en los últimos meses a Murcia, Alicante, Valencia, Canarias, Ceuta y Melilla, con más de la mitad de las actuaciones. Francisco Morales, director de CEAin, apunta en este sentido que, si bien la ruta del Estrecho está menos concurrida de lo habitual, las salidas de embarcaciones de la costa de Libia, por ejemplo, se ha multiplicado por cuatro. Y advierte, no obstante, de que lo preocupante es el aviso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que el Covid-19 no debe usarse para impedir el rescate de los inmigrantes en el Mediterráneo ni el desembarque de emigrantes a las deriva tras haber recibido reportes indicando que Malta había llevado a cabo estas prácticas.
“La crisis sanitaria -agrega- ha puesto de relieve la vulnerabilidad de este colectivo”. Morales se refiere a la sobreocupación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde el Gobierno mantiene hacinados a 1.600 personas durante la cuarentena.
Pero también el sindicato de la Policía Nacional Jupol denunció, por su parte, que el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras es el único que ha permanecido abierto durante el estado de alarma y ha recibido internos de otras comunidades autónomas pese a las numerosas deficiencias técnicas pendientes de subsanar.
El responsable de CEAin considera que para evitar que nadie quede atrás es preciso llevar a cabo la propuesta de la Federación de Andalucía Acoge, que reclama al Gobierno de manera urgente la simplificación de los criterios legales de concesión de documentación de los emigrantes, priorizando las razones humanitarias.
Morales remarca que se ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporación de estas personas a puestos de trabajo esenciales durante la crisis sanitaria, vinculados fundamentalmente al cuidado o a la agroindustria. Tanto la Ley de Extranjería como el Reglamento que la desarrolla han impedido que, entre otros episodios similares, un grupo de unos 200 senegaleses en Puerto Real haya podido desplazarse a Huelva a trabajar en el campo por cuestiones burocráticas durante el confinamiento.
Andalucía Acoge ha planteado que se impulse la flexibilización de los criterios de concesión de arraigo social, reduciendo el tiempo exigido de permanencia en España, que en la actualidad son de tres años, y simplificando la oferta laboral que tiene que acreditar la persona extranjera.
Hoy por hoy, indica un comunicado de la federación facilitado por Morales, se exige un contrato a jornada completa durante un año, “un requisito poco realista en el contexto del mercado laboral español para cualquier persona independientemente de donde haya nacido”.
Diego Boza, delegado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) en Cádiz, considera, por su parte, que hay que dar un paso más allá y defiende la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas emigrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria.
Boza lamenta que la pandemia entiende de clases y se ha ensañado en el ámbito sanitario, social, laboral y económico con el colectivo. “Estamos ante una oportunidad histórica para que los gobiernos emprendan una recomposición social poniendo en el centro la preservación de la vida, la defensa de los bienes comunes, la solidaridad, la justicia social, como principios rectores de un nuevo acuerdo político de país”, defiende el manifiesto que APDH-A y otras 1.130 organizaciones han suscrito en el ámbito nacional.
“El Estado español nos pide que este virus lo paremos todas las personas unidas, pero no podemos luchar partiendo desde una posición tan desigual”, añade. En la provincia de Cádiz, esta medida beneficiaría a unos 5.000 inmigrantes que hoy se encuentran en “el limbo vital y administrativo”.
