El Congreso de los Diputados ha ratificado el tratado fiscal entre España y Reino Unido sobre Gibraltar, firmado en marzo del pasado año e histórico en su condición de primer acuerdo de este tipo entre ambos países desde el Tratado de Utrecht, firmado en 1713, al votar mayoritariamente en contra de la enmienda a la totalidad planteada por Vox.
En palabras de la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Arancha González Laya, el acuerdo “asegura que Gibraltar no se consolide como paraíso fiscal y centro de blanqueo de capitales en detrimento del Campo de Gibraltar y su conjunto”. Asimismo, destaca que este acuerdo supone la “facilidad para resolver conflictos de residencia fiscal y evitar que sociedades que realizan actividad económica en España y con régimen fiscal en Gibraltar” se beneficien. Asimismo, señala que este acuerdo se complementa con los cuatro memorandos de entendimiento firmados sobre derechos de los ciudadanos, seguridad, lucha contra el contrabando de tabaco y medio ambiente.
González Laya indicó que este acuerdo se produce en el marco de la retirada de Reino Unido de la UE, con el objetivo de “protección de los ciudadanos y residentes de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, preservando sus derechos de forma que afecte de la forma más disruptiva posible”. Asimismo, opina que se avanza hacia “una relación más equilibrada y menos perjudicial para el Campo de Gibraltar y sus ciudadanos”.
Acerca, precisamente, del tabaco, agregó que hay un objetivo establecido de que para el 30 de junio el diferencial del precio del tabaco con Gibraltar no supere el 32%, por lo que, indicó, el acuerdo está surtiendo efecto, y remachó afirmando que el acuerdo nace “con vocación de pervivencia”, y que permite acabar con “una relación fiscal anacrónica, sobre todo para los territorios del Campo de Gibraltar”.
La cámara rechazó mayoritariamente con 34 votos a favor (+104 telemáticos) frente a 48 en contra (153 telemáticos) con siete abstenciones, la enmienda a la totalidad de Vox, defendida por el diputado nacional por Cádiz Agustín Rosety, que definió el “tratadito” como “una cobarde claudicación y reconocimiento de la situación colonial de Gibraltar” que pretende “encubrir la indecencia de Reino Unido” de mantener esa condición colonial en contra de las resoluciones de Naciones Unidas y sirve para “blanquear el paraíso fiscal” de Gibraltar. Manifestó, además, que es “la economía gibraltareña la que depende de la española”, e hizo referencia a la “mano de obra barata” que suponen los “8.000 trabajadores españoles” a los que dan empleo pero luego “discriminan laboralmente” excluyéndoles, indican, de beneficios de su sistema de pensiones. Añade que con “subsidios por los mil millones que nos quita Gibraltar” podrían solucionar el problema del Campo de Gibraltar y de La Linea.
El PP, por medio de Valentina Martínez Ferro, abundó en el rechazo al acuerdo PP Martínez Ferro indicando que el Gobierno muestra “una enorme debilidad” ante “una oportunidad histórica” en casi 300 años de “cambiar la estructura del tablero de juego” sobre Gibraltar y que los memorandos y el tratado fiscal “sirven a los intereses de Reino Unido”. Recuerda que “en 2017 conseguimos que cualquier acuerdo sobre Gibraltar tuviese que contar con el acuerdo bilateral previo entre España y Reino Unido” y que “no deja de ser descorazonador” que en el primer acuerdo con Reino Unido “establecen administraciones fiscales en Gibraltar sin mención a la restauración territorial”. Acusa, por tanto, al Gobierno, de “romper una posición tradicional y uno de los más antiguos acuerdos, basado en la resoluciones de descolonización de naciones unidas”, lo que supone “una política de Estado”. Coinciden con Vox en que este acuerdo “consolida el edén fiscal” y justifica que Gibraltar no sea considerado paraíso fiscal porque “estaba dentro de Reino Unido”, situación que sugiere que podía haber cambiado con el Brexit.
Tanto Ciudadanos como Unidas Podemos justificaron su apoyo al tratado fiscal. En el caso de Cs, destacaron, entre otros aspectos, el acceso libre al registro mercantil del Peñón. Añade que estamos “ante un texto muy importante y beneficioso” y “muy útil ante el fraude fiscal” que “evita la competencia desleal entre negocios a ambos lados de la Verja” y permite “un intercambio real de información” entre España y la colonia, finalizando con que solucionará “problemas serios en el Campo de Gibraltar” asegurando a los ciudadanos de esta zona que pueden contar con Cs para ratificar este acuerdo.
Unidas Podemos centró su discurso en la crítica a las posiciones de Vox y Partido Popular por no aprovechar la ocasión, en la situación actual, para apoyar un acuerdo que lucha contra el fraude fiscal y señaló la defensa de estos partidos de derecha de las élites a las que representan y que, comentó, son ellos mismos.
