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Huelva

La Junta reclama al Gobierno que "actúe de una vez" con los temporeros

Marín ve "vergonzoso que en unas competencias que son de todos sólo una Administración dé la cara" en relación a los asentamientos

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  • Marín en la sesión de control. -

El vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha reclamado este jueves al Gobierno central que "actúe de una vez" a la hora de resolver los problemas de los temporeros y los asentamientos y ha denunciado que es "vergonzoso que en unas competencias que son de todos sólo una Administración dé la cara", en referencia a la Junta.

Marín se ha pronunciado así durante la sesión de control parlamentario al Gobierno en respuesta a la portavoz de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, a la que ha recordado que "es su responsabilidad exigir que el Gobierno de España actúe de una vez en esta materia".

El número dos del Ejecutivo regional ha repasado que éste ha concedido ayudas por valor de 13,4 millones de euros; ha puesto 6,7 millones a disposición de entidades locales y sociales en forma de subvenciones; ha destinado 2,5 millones a programas de infraestructuras para el arraigo de personas y adjudicado otros 4,2 millones a proyectos de entidades sociales.

"Hemos dado recursos a los ayuntamientos para que los afectados puedan alquilar después de haberse quemado sus viviendas, y no ha llegado ni un céntimo del Gobierno de España", ha denunciado Marín, que ve "vergonzoso que en unas competencias que son de todos sólo una Administración dé la cara y las otras se escondan".

Por su parte Aguilera ha señalado que hay 5.000 temporeros en la provincia de Huelva "en condiciones infrahumanas", 400 de los cuales han perdido sus viviendas en incendios, y ha mostrado su preocupación por "la ausencia de derechos humanos para una población que aporta mucha riqueza en Andalucía".

La portavoz de Adelante Andalucía ha mantenido que "a pesar de los millones aportados por la Junta, no hay política suficiente para ellos", y ha denunciado que la patronal agraria "está explotando a miles de trabajadores con la connivencia de las administraciones" y que "se trata a personas como mercancía". 

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