La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y desarticulado una trama de explotatación laboral que operaba en fincas de las provincias de Córdoba y Sevilla durante la recolección de productos del campo.
La investigación por parte de guardia civiles del Grupo ROCA de Carmona comienza a finales del mes de mayo, cuando una serie de trabajadores se personan ante la Guardia Civil para denunciar que han estado trabajando en la recoleción de ajos, sin haber cobrado por los trabajos realizados, ni tampoco habían sido dados de alta en la seguridad social.
Los investigadores consideran probados supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores. Según se llega a saber, los detenidos actuaban de intermediarios con agricultores con necesidad de personal para la recolección de ajos, durante el confinamiento por la pandemia y conseguían cuadrillas a cuyos peones no daban de alta en la seguridad social. Los agricultores también eran estafados por los miembros de la red, ya que dicha organización les ofrecían servicios de recolección, tramitación de documentación a la seguridad social, y seguros sociales, sin que los agricultores tuviesen conocimiento de la ilegalidad con que estas personas actuaban. A veces incluso llegaban a pagar por segunda vez por los trabajos realizados, pero en esta ocasión a los trabajadores directamente.
La organización delictiva captaba a personas extranjeras sin residencia legal en España, por lo que no podían ser dadas de alta en la seguridad social, quedando a merced de lo que el contratante les quisiera pagar por su trabajo, pudiendo de este modo vulnerar los derechos que cualquier trabajador por ley tiene en este país.
El modus operandi consistía en captar y contratar mano de obra temporal para realización de trabajos agrícolas de recolección. Utilizaban contactos anteriores, ofreciendo trabajos como manijeros o mediante publicación de anuncios a través de conocidas páginas web de anuncios. Tras la conformación de las plantillas, se les facilita la ubicación de las explotaciones donde iban a realizar los trabajos y en la mayoría de los casos detectados, los trabajadores no llegaban a cobrar por las jornadas trabajadas.
El caos organizativo a la hora de llevar el registro de trabajadores por parte de los responsables, teniendo en cuenta que muchos de ellos ni siquiera podían ser dados de alta en la seguridad social, hacen difícil a los investigadores realizar un conteo exacto. No obstante, con toda la documentación aportada por perjudicados y otros testigos, entre las que figuran listas manuscritas con filiaciones de personas que supuestamente estuvieron realizando trabajos en las fincas de Sevilla y Córdoba, los investigadores han constatado al menos 161 personas trabajando, 45 de las cuales han decidido testimoniar o denunciar, algunos debido a que se encuentran cobrando subvenciones o en el caso de los inmigrantes irregulares, temen a ser expulsados, ya que en su mayoría no tienen residencia legal en España.
A su vez se considera reseñable la variedad de nacionalidades entre los trabajadores; paraguayos, hondureños, rusos, nicaragüenses, rumanos, senegaleses y españoles.
Los autores de la trama, cuando iban a las fincas, se protegían con seguridad privada, por temor a ser agredidos por los trabajadores que ya los conocían de trabajos anteriores, pues no solo no habían cobrado los honorarios pactados por los trabajos realizados, sino que habían sido vulnerados todos los derechos que le correspondían.
Las diligencias instruidas son puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Carmona.
