La Guardia Civil ha acusado al exalcalde de Jaén José Enrique Fernández de Moya por fraude, blanqueo, malversación, falsedad documental y prevaricación al haber, supuestamente, autorizado 116 facturas falsas que provocaron un sobrecoste al Ayuntamiento de 2,6 millones entre 2012 y 2014. La Policía Judicial de la Guardia Civil sitúa a De Moya al frente de una trama para permitir que seis empresas de construcción facturara, supuestamente con precios inflados, obras de reparación de calles al Ayuntamiento jiennense, según avanzó Radio Jaén-SER.
El informe entregado en julio al Juzgado nº2 de Jaén forma parte de una pieza separada del ‘caso Matinsreg’, por el que Fernández de Moya será juzgado (aún sin señalamiento del juicio oral) en la Audiencia de Jaén junto a los ex concejales Miguel Ángel García Anguita y Manuel del Moral, dos técnicos municipales y otras cuatro personas. El interventor municipal presentó 47 reparos sobre estas facturas sospechosas por contratos fraccionados, pero De Moya utilizó su potestad como alcalde para sortearlos “de manera sistemática”, según indica el informe. “En los reparos impuestos sobre facturas falsas que carecen de los requisitos mínimos para conformarse como una adjudicación legal, el alcalde los levanta alegando un informe previo del técnico municipal Agustín Sánchez (…) El exalcalde incluye como justificación en sus levantamientos “informes emitidos por un técnico municipal que no tiene competencias en la adjudicación de ningún tipo de contratos”, destacan los investigadores de la Guardia Civil.
Tras autorizar las facturas sospechosas, De Moya se personó ante notario junto a varios empresarios y actuó en nombre del Ayuntamiento para firmar una cláusula adicional a las pólizas de endoso de facturas, según destacaron e los agentes de la Policía Judicial.Para los investigadores, “los sistemas de fiscalización del Ayuntamiento de Jaén -a excepción de la intervención y la tesorería- no funcionaron correctamente en cuanto a la adjudicación, supervisión de los trabajos y la facturación” de trabajos. En los peores años de la crisis tras los recortes -entre 2012 y 2014-, los precios inflados supusieron un sobrecoste de 2,6 millones para el Ayuntamiento de Jaén.“Las facturas no se ajustaban a los precios de mercado”, subraya la investigación, que concluye que las obras de reparación las llevaron a cabo dos operarios, y no cuatro como facturó siempre al Ayuntamiento, según las declaraciones de tres testigos interrogados.
