Un jurado popular enjuiciará a partir de mañana a la mujer de 33 años acusada de estrangular en un domicilio de Elda (Alicante) al hijo de acogida de su pareja sentimental, un menor de 8 años con autismo, y de simular que habían sido unos asaltantes encapuchados.
La fiscalía pedirá la prisión permanente revisable para esta mujer en una vista oral que, presidida por la magistrada Virtudes López, arranca con varios meses de retraso a consecuencia de la pandemia sanitaria de la covid-19, por unos hechos ocurridos el 30 de agosto de 2017.
La sesión de mañana comenzará con la selección de los nueve miembros del jurado (más dos suplentes) y posteriormente está prevista la declaración de la acusada, que padece discapacidad auditiva y que cuando ocurrieron los hechos estaba embarazada, en un juicio que se prolongará durante una semana, hasta el 23 de noviembre.
Todo ocurrió ese 30 de agosto de hace tres años, cuando el menor se encontraba compartiendo unos días junto a su padre de acogida, en función del régimen de visitas acordado por la Generalitat entre el padre del niño y su exmujer.
En su escrito de calificación, el ministerio público relata que la acusada aprovechó que el padre de acogida del menor se había ausentado del domicilio para coger al niño del cuello con la camiseta que portaba hasta asfixiarlo.
Después, trató de ocultar su autoría simulando un asalto al domicilio con intención de perpetrar un robo. Así, llegó a cortarse la camiseta y el sujetador que portaba para que pareciese que había sido objeto de abuso y también despojó al niño, ya fallecido, de parte de su ropa, con la misma intención.
De acuerdo con la fiscalía, la acusada se golpeó con una piedra y hasta se ató las manos con una cuerda para, acto seguido, llamar a su propia madre por teléfono y contarle que la habían atacado.
Cuando llegaron el padre de acogida del menor y la Policía, la acusada relató que dos hombres vestidos de motoristas que portaban cascos y guantes la habían atacado tanto a ella como al menor cuando trataban de salir de casa y que les habían forzado a regresar para cometer los abusos.
Sin embargo, según esa versión, se apiadaron de ella al indicarles que estaba embarazada y la dejaron inconsciente tras asestarle un golpe en la cabeza mientras que cuando despertó encontró al niño muerto.
El escrito de calificación de la fiscalía no da crédito a ese relato y subraya que la policía, tras una compleja investigación de un año, consiguió determinar que ella misma había perpetrado el crimen y que lo había preparado en los días previos.
Para ello, había colocado unos papeles en la puerta del domicilio que contenían diferentes símbolos con la intención de crear la apariencia de que les estaban vigilando y, así, poder dar una explicación sobre los hechos.
La fiscalía considera a la acusada responsable de un delito de asesinato y otro de simulación del delito, y al margen de la pena de prisión permanente revisable, pide que indemnice a los dos padres de acogida con 5.000 euros cada uno en concepto de daños morales.
