El Ministerio de Sanidad propondrá este jueves a las comunidades extremar el seguimiento y control del proceso de vacunación con el objeto de detectar "el uso indebido" de los fármacos, aplicando "las medidas preventivas y correctivas que resulten necesarias" para garantizar que se cumple con el plan.
Así consta en el borrador del acuerdo que Sanidad llevará a la primera reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que presidirá Carolina Darias, al que ha tenido acceso Efe y en el que subraya la importancia de "la coordinación, la colaboración, la lealtad y la transparencia" como "principios clave para el éxito del proceso de vacunación".
El Ministerio recuerda que la UE ha firmado hasta la fecha seis contratos de compra anticipada de vacunas con Pfizer/BioNTech, Moderna -las dos únicas que por ahora han sido autorizadas por la Comisión Europea-, AstraZeneca, Sanofi/GSK, Johnson & Johnson y CureVac para la adquisición de más de 1.600 millones de dosis.
Queda pendiente ultimar el contrato con Novavax y continúan las negociaciones con la compañía Valneva; asimismo, la UE está negociando una ampliación de compra de dosis, tanto de Pfizer/BioNTech como de Moderna.
En este sentido, Sanidad deja claro que "es la Unión Europea quien negocia, quien firma los contratos, quien se encarga de su seguimiento y quien trabaja para su efectivo cumplimiento".
Lo hace después de hace dos semanas Pfizer retrasara puntualmente su suministro semanal, que ya ha recuperado desde el pasado lunes, y de que AstraZeneca anunciara el pasado viernes que distribuirá menos vacunas a la UE que las que acordó con el Ejecutivo comunitario.
Además, se suma que varias comunidades han ralentizado su ritmo de vacunación, alegando la escasez de dosis.
Dado que la disponibilidad de las vacunas es progresiva, según vayan siendo aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y la Comisión Europea, Sanidad explica que en la estrategia se fijaron unas líneas fundamentales que "deben seguirse en el proceso de vacunación", y para eso se priorizó a determinados grupos de población.
"Se trata de una estrategia para todo el país, que se rige por un robusto marco ético" y en la que se decidió priorizar en una primera etapa, en la que las dosis son más "limitadas", a cuatro grupos de población: internos y trabajadores de residencias y centros para personas con discapacidad, sanitarios de primera línea y otro personal sanitario y sociosanitario y grandes dependientes no institucionalizados.
Tras ellos, según la segunda actualización del plan del pasado 18 de enero, irán las personas a partir de los 80 años, "en el menor plazo de tiempo posible y en función de la disponibilidad de dosis".
Así, Sanidad pide continuar con el "trabajo conjunto y coordinado" de actualización de la estrategia, "un documento vivo, ágil y flexible, que necesita irse actualizando a medida que va avanzándose" en el proceso de autorización de nuevas vacunas y de disponibilidad progresiva de dosis en nuestro país, "definiendo los grupos a vacunar según la disponibilidad de dosis.
De ahí que sugiera "extremar el seguimiento, análisis y control de la aplicación de la estrategia, evitando cualquier desviación" y detectando, en su caso, "el uso indebido de las vacunas y aplicando las medidas preventivas y correctivas que resulten necesarias" para asegurar que los procesos de vacunación se desarrollan según lo acordado en la misma.
