Cuando se cumple un mes del asalto al Capitolio de EE.UU. por parte de una turba de seguidores del ahora expresidente Donald Trump, el país se prepara para el inicio la próxima semana del segundo juicio político al exmandatario, acusado de "incitar a la insurrección" y que podría acabar inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
Solo han pasado 30 días y el escenario político en EE.UU. no es el mismo que el de aquella fatídica jornada, en la que cinco personas murieron en el asalto a la sede del Congreso federal, entre ellas un policía.
Trump está ya fuera de la Casa Blanca, recluido en su club de golf de Mar-a-Lago (Florida) y aislado para comunicarse con el gran público por el veto que le impusieron las principales redes sociales tras esos sucesos.
WASHINGTON, UN REMANSO DE PAZ SIN TRUMP
La mansión presidencial está ahora ocupada por un demócrata, Joe Biden, quien a golpe de orden ejecutiva ha revocado este mes muchas de las medidas adoptadas por su antecesor, desde la retirada de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Acuerdo Climático de París, hasta la suspensión de la construcción del muro con México o la paralización del apoyo de Washington a la ofensiva en Yemen, entre otros.
Y las dos cámaras del Congreso están ahora en manos de los demócratas, al perder los republicanos el control del Senado.
Tras la crispación de los últimos días de Trump en el poder, cuyo punto culminante fue el asalto al Capitolio mientras los legisladores estaban reunidos para refrendar la victoria de Biden en las elecciones de noviembre pasado, Washington parece actualmente un remanso de paz.
Lejos queda el discurso de Trump del 6 de enero, cuando instó a sus partidarios a que marcharan hacia el Capitolio, conforme reiteraba sus acusaciones sin pruebas de que hubo fraude electoral en los comicios presidenciales, y pedía infructuosamente a su vicepresidente, Mike Pence, quien dirigía la sesión en el Congreso para certificar el triunfo de Biden, que interviniera para rechazar los resultados de la votación.
Poco después, cientos de sus seguidores irrumpían por la fuerza en el recinto legislativo hasta que fueron repelidos por las fuerzas de seguridad.
UN DISCURSO, COMO BASE PARA LA ACUSACIÓN
En su escrito de acusación para el juicio político, los legisladores demócratas sostienen que "Trump hizo declaraciones voluntariamente que alentaron y previsiblemente resultaron en acciones ilegales en el Capitolio, como 'si no luchan como si no les fuera la vida, no van a tener un país por más".
Trump ha negado que sus palabras fueran inapropiadas y ha calificado los esfuerzos de los progresistas para llevarlo a un "impeachment", como se llama en inglés al proceso de destitución, de "caza de brujas".
El comienzo del juicio en el Senado se aproxima, pero poco se sabe de cómo transcurrirá, aunque si hay algo que se sabe a ciencia a cierta es que Trump no quiere testificar, como así desean los "fiscales" del proceso, que serán nueve legisladores demócratas de la Cámara Baja, encabezados por el congresista Jamie Raskin.
Ya lo anunció hace dos días el portavoz del exmandatario, Jason Miller, en una declaración difundida por el diario The Washington Post: "El presidente no testificará en un procedimiento inconstitucional", afirmó Miller.
De esta manera respondió a la petición hecha por Raskin en una carta enviada a los abogados de Trump, en la que solicitaba que el exmandatario ofreciera su testimonio bajo juramento antes o durante el juicio político, debido al desacuerdo de su defensa con las alegaciones expuestas por los demócratas en el caso.
Este será el segundo "impeachment" contra Trump, el primer presidente del país en ser sometido a dos procesos de este tipo y quien salió airoso del primero a comienzos de 2020 por sus presiones a Ucrania para que investigara a Hunter Biden, hijo de Biden, por supuesta corrupción.
MÁS DE 200 DETENIDOS Y 400 INVESTIGACIONES EN MARCHA
En paralelo a los preparativos para el juicio político, las investigaciones por parte de las autoridades judiciales sobre los sucesos en el Capitolio prosiguen y dejan ya más de dos centenares de arrestos.
De acuerdo a datos de la cadena de televisión CBS, los fiscales federales han presentado cargos contra al menos 205 personas -24 mujeres y el resto hombres- por su supuesto papel en esos disturbios y han abierto unas 400 investigaciones por posibles delitos.
En enero, el fiscal general saliente del país, Michael Sherwin, aseguró que el alcance y la escala de las pesquisas en esos casos "no tienen realmente precedentes, no solo en la historia del FBI, sino probablemente en la historia del Departamento de Justicia".
Según la CBS, que citó a fuentes del FBI, de esos arrestados, al menos 40 fueron detenidos por agredir a efectivos de seguridad y podrían enfrentarse a penas de uno a veinte años de prisión.
Los sospechosos provenían de 40 estados del país, como Texas, Nueva York, Florida, Pensilvania, California, Nueva Jersey y Virginia.
Asimismo, entre los detenidos hay 16 militares veteranos y 2 soldados reservistas, así como 4 agentes de los cuerpos de seguridad, que han salido de sus puestos de trabajo desde el asalto al Capitolio.
Las autoridades han detectado que al menos 25 sospechosos tienen vínculos con grupos extremistas de extrema derecha, como los Proud Boys, Oath Keepers, Three Percenters y Texas Freedom Force, y con la organización conspiratoria QAnon.
