La Vicepresidencia Segunda del Gobierno que dirige Pablo Iglesias ha planteado al PSOE la creación de un Registro de Contratos del Alquiler (RCA) que permita a los poderes públicos vigilar los precios y tener un control estadístico del mercado inmobiliario.
Esta es una de las medidas que Unidas Podemos ha facilitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la regulación del alquiler en el marco de la negociación de la Ley de Vivienda, en el que Unidas Podemos plantea poner un tope a los precios, con penalizaciones para los que se salten el límite.
El Registro del Alquiler podría ser utilizado por la Agencia Tributaria, el Poder Judicial y los demás organismos públicos para acometer sus finalidades, y podría servir también para su explotación con fines estadísticos o para incluir los datos de forma automática en la declaración de la renta.
El registro no sería obligatorio, pero Unidas Podemos plantea que todos aquellos que quieran acogerse a ayudas al alquiler o a incentivos fiscales tengan que inscribir previamente los contratos.
La inscripción, de salir adelante esta propuesta, se haría a instancias de cualquiera de las dos partes e incluiría además del contrato el año de construcción del inmueble, los metros cuadrados, y otros datos como si dispone de ascensor y calefacción, si está amueblado o el estado de conservación de la vivienda.
Por otro lado, en la línea de lo que Unidas Podemos ha defendido en las últimas semanas, su propuesta es crear un índice oficial de referencia en aquellas zonas donde se considere que el mercado está "tensionado" para controlar que los precios no se sitúen por encima de ese índice.
La facultad de decretar áreas de mercado tensionado recaería en las comunidades autónomas y se haría con "metodologías objetivas" y sujetas a revisión periódica. En estas zonas el precio de un nuevo contrato no podría ser superior a la renta consignada en el último contrato de arrendamiento vigente en los últimos cinco años.
Sin embargo, el precio se modularía dependiendo del estado de conservación y mantenimiento de la vivienda, entre otros factores como la antigüedad, altura, zonas comunitarias, acceso al transporte público, pero en "ningún caso se podrá incrementar en más del 2,5% el precio del índice de referencia".
Si un propietario cobra más de los límites legales, los inquilinos podrían exigir la restitución de las cantidades percibidas en exceso y los intereses legales más un 3 por ciento.
Frente a este planteamiento, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana defiende la implantación de bonificaciones fiscales a los propietarios que rebajen las rentas.
Sin embargo, tanto su titular, José Luis Ábalos, como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han expresado su convencimiento de que habrá un acuerdo entre las dos partes para regular el alquiler en la Ley de Vivienda, y en Unidas Podemos han asegurado que ven al PSOE abierto a estudiar su propuesta, aunque los socialistas niegan este extremo.
