Las organizaciones representativas del sector agrario cordobés, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, con el apoyo presencial de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y los sindicatos CCOO y UGT, han protagonizado este jueves en Córdoba una protesta, mediante una concentración simbólica ante la Subdelegación del Gobierno central, "en contra de la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) que plantea el Ministerio de Agricultura".
De hecho, según han recordado los responsables provinciales en Córdoba de las mencionadas organizaciones agrarias, su principal demanda es "la retirada del Real Decreto de Convergencia brusca aprobado por el Gobierno de España de forma unilateral", mientras que "el segundo paso debe ser la creación de una mesa de diálogo real con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para el Plan Estratégico de la PAC a partir de 2023".
Así lo han manifestado el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa; la secretaria provincial de COAG, Carmen Quintero; el secretario general de UPA Andalucía, Miguel Cobos, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal, quienes han lamentado que "el principal objetivo de Agricultura para los próximos años pase por reducir el número de regiones y por impulsar un modelo en el que todas las hectáreas cobrarán igual, eliminando los derechos nominativos de los agricultores y permitiendo la entrada en el régimen de ayudas de superficies que, salvo excepciones, nunca han producido".
En este sentido, las organizaciones agrarias han recordado que, "en el marco actual 2014-2020 se reconoció la diversidad productiva cordobesa y española mediante el establecimiento de 50 regiones de ayuda, definidas en atención a la comarca geográfica, a la orientación productiva y a los niveles de ayuda consolidados por los agricultores y ganaderos".
A su vez, según han precisado, "se implantó un sistema de convergencia, que aproximaba el valor de los derechos de pago de los productores integrados en una misma región de forma moderada, paulatina y con limitación en su impacto sobre la renta individual de los agricultores y ganaderos afectados".
En consecuencia, "de no cambiarse la propuesta del Ministerio, supondría, en el peor de los escenarios, una pérdida de alrededor del 50 por ciento de los 300 millones de euros que reciben actualmente, entre pago básico y pago verde, los más de 40.000 perceptores de las ayudas PAC cordobeses".
Además, "en plena elaboración del citado Plan Estratégico de la PAC, el Ministerio publicó en enero, de forma unilateral y sin consenso, el Real Decreto 41/2001, una normativa que acelera la convergencia desde este mismo año", que lo hace "más allá de lo exigido por la Comisión Europea, y que se ha preparado obviando las advertencias del sector", que la rechaza "de forma unánime".
Ello se debe a "mermará de forma importante la renta de un 40 por ciento de los agricultores y ganaderos cordobeses, siendo los más perjudicados, los que han generado derechos más altos por haber invertido en mejoras tecnológicas y formación, para producir más y generar empleo y riqueza".
De hecho, "por primera vez en la historia de la PAC, se define un tránsito no paulatino, que impedirá que muchos profesionales tengan tiempo de adaptarse a los cambios, redimensionar sus explotaciones o reorientar sus producciones".
Por otro lado, las organizaciones agrarias han pedido a los plenos de los ayuntamientos, a la sociedad cordobesa y al conjunto del complejo agroalimentario cordobés, que se sumen a sus peticiones de cara a la nueva PAC, persiguiendo "la elaboración de un plan estratégico que permita cumplir con las directrices europeas "respetando nuestra diversidad productiva".
La reforma, según han insistido desde las organizaciones agrarias, "no puede hacer daño a miles de agricultores y ganaderos que son fundamentales para mantener el tejido económico, social y medioambiental de nuestra provincia". Por eso piden a los ayuntamientos "que apoyen el rechazo del Real Decreto de Convergencia, por ser innecesario, porque condiciona el futuro de muchos agricultores y ganaderos cordobeses, y porque determina las negociaciones de cara a la nueva PAC".
Los representantes de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han insistido, por último, en su deseo de "dialogar con el ministro de Agricultura para llegar a un acuerdo que no resulte perjudicial para la primera región agraria de España, en la que se hallan el 34 por ciento de los perceptores de ayudas PAC y que aporta el 37 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) agrario a la economía de España, dando empleo a más del ocho por ciento de la población ocupada andaluza", que es más del doble que la media nacional.
