El Ministerio de Asuntos Exteriores de China anunció hoy sanciones contra 9 ciudadanos y 4 entidades del Reino Unido, en respuesta a las impuestas el lunes por Londres en relación con supuestas violaciones de los derechos humanos en la región noroccidental china de Xinjiang.
En un comunicado publicado en su página web, la cancillería china detalló que los británicos Tom Tugendhat, Iain Duncan Smith, Neil O'Brien, David Alton, Tim Loughton, Nusrat Ghani, Helena Kennedy, Geoffrey Nice, Joanne Nicola Smith Finley y sus familiares de primer grado tendrán vetada la entrada a la China continental, Hong Kong y Macao.
Asimismo, se les congelarán sus propiedades en China, y los ciudadanos e instituciones chinas "tendrán prohibido hacer negocios con ellos".
Los afectados son cinco políticos conservadores, una laborista, un antiguo liberal demócrata, un académico y un abogado.
Las sanciones también afectan a la Comisión de Derechos Humanos del Partido Conservador, el laboratorio de ideas China Research Group (creado por diputados conservadores), la organización Tribunal Uigur y el bufete de abogados Essex Court Chambers.
Pekín considera que el Reino Unido impuso sus sanciones a cuatro individuos y una institución china basándose "en nada más que mentiras y desinformación", y advirtió a Londres para que no "continúe por el camino equivocado".
"Si no, China tomará más medidas de manera decidida", dice en el comunicado.
En los últimos años han emergido denuncias sobre la situación de algunas minorías en Xinjiang por parte de miembros de la etnia uigur residentes en el extranjero, así como de otras etnias minoritarias de fe mahometana.
Además, también se han publicado imágenes satelitales que muestran la construcción y expansión de instalaciones vigiladas y se han filtrado documentos que apuntarían a una política expeditiva con el supuesto fin de terminar con el radicalismo islámico en la región, escenario de campañas de inmigración interna por parte de la etnia mayoritaria china, la han, durante las últimas décadas.
En opinión de algunos analistas extranjeros, las citadas instalaciones serían centros de internamiento, cuya existencia Pekín negó en un principio, mientras que después defendió que se trata de centros de formación profesional que sirven para la desradicalización de islamistas en la región.
Asimismo, según Pekín, servirían para enseñar una profesión a los internos y mejorar así su situación económica en una zona a la que destina grandes inversiones.
Pekín niega de manera tajante que se produzcan violaciones de los derechos humanos en Xinjiang, una región en la que la prensa internacional se enfrenta a complicaciones adicionales a las habituales en China a la hora de informar.
