A pesar del especial arriago que tiene Endesa en Andalucía, donde es con mucha diferencia la mayor proveedora de suministro eléctrico a particulares, la compañía no tiene previsto trasladar a la comunidad el acuerdo firmado recientemente con la Generalitat de Cataluña.
Así, el Gobierno catalán y la compañía energética acordaron condonar la deuda a 35.518 familias en riesgo de exclusión de la comunidad.
Gracias a este pacto, muy aplaudido por las autoridades públicas y por la dirección de Endesa, la compañía cancela 38,7 millones de euros de deuda procedentes de facturas impagadas por familias catalanas desde 2015.
De este modo, la empresa energética asume todos los impagos generados entre 2015 y 2018.
Además, se hace cargo de la mitad de la deuda de 2019 y 2020, mientras que la otra mitad la asumirá la Generalitat (un 75%) y las administraciones locales (un 25%). Endesa perdona así más de 28 millones de euros a miles de familias catalanas.
Además, según el pacto aprobado, cuyo fin último es acabar con la pobreza energética en Cataluña, la deuda que se genere por nuevos impagos de familias vulnerables a partir de 2021 la asumirá Endesa y las administraciones a partes iguales.
Endesa también se compromete a hacer una "promoción activa" del bono social y ofrecer auditorías energéticas gratuitas.
Sin planes en Andalucía
Sin embargo, Endesa, cuyo origen en Andalucía se remonta al siglo XIX a través de la Compañía Sevillana de Electricidad, no tiene previsto facilitar estas ventajosas condiciones a las familias andaluzas.
La compañía asegura que el acuerdo alcanzado con la Generalitat ha sido posible únicamente porque en Cataluña existe un marco legal inexistente en Andalucía.
La empresa se refiere a la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento catalán en 2015 para paliar los efectos de la devastadora recesión económica provocado por la crisis de 2008.
Actualmente, en Andalucía hay unas 186.000 familias acogidas al Bono Social, un instrumento por el que pueden reducir sus facturas de la luz un hasta en un 40%.
