La defensa de Juana Rivas se ha congratulado de que se le haya concedido el tercer grado penitenciario, lo que le ha permitido abandonar este martes el CIS 'Matilde Cantos' de Granada para cumplir condena en su casa con control telemático, y ha señalado que a partir de ahora seguirán "luchando" para que "recupere a sus hijos a la mayor brevedad" a través del indulto que han solicitado al Gobierno y que aún está pendiente de resolución.
El letrado de esta madre de Maracena (Granada), Carlos Aránguez, ha explicado en un comunicado que a partir de ahora Rivas "permanecerá en su domicilio, del que podrá salir para sus tareas habituales, estando supervisada mediante un brazalete de control telemático".
"Lógicamente valoramos muy positivamente esta decisión. Juana cumple todos los requisitos legales para poder disfrutar de este beneficio penitenciario", ha agregado, al tiempo que ha garantizado que seguirán "luchando para que Juana recupere a sus hijos a la mayor brevedad". Para ello seguirán impulsando la petición de indulto que formularon el pasado 4 de mayo y que aún está pendiente de resolución. El Ministerio de Justicia ya ha iniciado su tramitación con la petición de informe al tribunal sentenciador.
Rivas se presentó voluntariamente en el CIS el pasado viernes 11 de junio para cumplir la orden de ingreso en prisión decretada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada después de que haya sido condenada a dos años y seis meses de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha clasificado a la interna en tercer grado, aplicándole el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, lo que supone cumplir la pena en casa con pulsera telemática.
Rivas, que también ha sido condenada a inhabilitación especial para ejercer la patria potestad respecto de sus hijos durante seis años, ha solicitado al Gobierno el indulto total alegando que delinquió por un motivo "comprensible desde el punto de vista humano" como es "proteger a sus hijos" y recalca que "como víctima de violencia de género recibe la atención adecuada de los servicios municipales de Maracena", mientras que en Italia se "continúa investigando las denuncias interpuestas por violencia familiar".
El pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) la condenó a finales de abril a dos años y seis meses de prisión por un delito de sustracción de menores, después de que en 2016 se fuera con sus hijos de Italia con la pretensión de no regresar pese a no contar con el consentimiento paterno, llegando a pasar en verano de 2017 un mes en paradero desconocido con los pequeños incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre.
Ella ha defendido durante este tiempo que se fue con sus dos hijos de Italia --donde tenían fijada su residencia habitual-- para huir de unos supuestos malos tratos de los que acusa a su expareja y padre de los menores.
