La junta militar birmana ha presentado nuevos cargos por supuesta corrupción contra la líder del Gobierno depuesto, Aung San Suu Kyi, detenida desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, informó este martes uno de sus abogados.
En un mensaje enviado a Efe, el letrado Khim Maung Zaw, indicó que las acusaciones incluyen cuatro delitos por supuesta corrupción presentados ante el Alto Tribunal de Mandalay (centro del país), que tiene previsto aceptar los cargos el próximo 22 de julio.
"Las alegaciones no son claras, ya que los abogados no pueden ver los primeros informes y otros documentos de la policía. Solo cuando los abogados sean designados en su momento por el tribunal tendrán acceso a las copias certificadas de los documentos", explicó Khim Maung Zaw.
Dos cargos son solo contra Suu Kyi y en otros dos está acusada junto con otras personas.
Los abogados han negado todos los cargos contra la nobel de la paz, que ya pasó 15 años bajo arresto domiciliario en distintos periodos bajo la anterior junta militar (1988-2011).
Actualmente, la exmandataria, de 76 años, se enfrenta desde el mes pasado a un juicio en la capital, Naipyidó, por cinco cargos variopintos como la incitación a la agitación pública, la violación de las normas de la covid-19 y la importación ilegal de "walkie-talkies".
En un tribunal de Rangún también fue acusada de vulnerar la Ley de Secretos Oficiales, el cargo más grave castigado con hasta 14 años de prisión.
Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP), la fuerzas de la junta militar han matado al menos a 902 personas, en su mayoría manifestantes muertos por los disparos de los soldados y policías, y han detenido a otras 6.640.
Además de un movimiento de desobediencia civil, las autoridades se enfrentan a nuevas milicias armadas civiles, otras guerrillas éticas y a un fuerte incremento de los contagios de la covid-19, que ha llevado a que haya escasez de oxígeno para los pacientes graves.
El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.
