El exconsejero de CPM, Hassan Mohatar, tras dos meses de prisión preventiva, pone su futuro en manos del "considerado como mejor abogado penalista de España" para que dinamite la operación “Santiago-Rusadir”, como ya hiciera anteriormente con otras en Melilla como las conocidas operación “Tosca” y “Ópera”

La causa de corrupción que dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ha revelado, tras levantar el secreto hace un mes, que cuatro dirigentes de Coalición por Melilla (CPM) y varios exmiembros del Gobierno de la Ciudad Autónoma están implicados en "la presunta adjudicación fraudulenta de 358 contratos", valorados en 7.802.644,94 euros. Este caso cuenta con más de 40 investigados, siendo el mayor fraude en la historia de Melilla.

Según el auto de prisión preventiva, difundido por varios medios de comunicación, Hassan Mohatar cumplió un rol de primer nivel dentro de la organización criminal al adjudicar directamente 45 contratos menores, sumando un total de 1.398.232 euros. La investigación también ha revelado indicios sobre una organización criminal que “habría configurado todo un entramado delictivo para alcanzar el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y mantenerse en el mismo, corrompiendo los resultados de las elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019 y el 28 de mayo de 2023”.

Para ello, presuntamente habrían “utilizado la estructura de un partido político, específicamente bajo las siglas Coalición por Melilla, de forma organizada y planificada”, en la que, supuestamente, existía “una distribución de funciones entre las personas involucradas”. Durante la pasada legislatura, entre 2019 y 2023, “se habrían desviado recursos públicos para beneficiar a los integrantes de los escalones superiores de la organización criminal” desde las consejerías del Gobierno local controladas por esta formación política. Según el auto, ese supuesto desvío de dinero público se habría producido “principalmente mediante la adjudicación de contratación menor y de distintos programas de subvenciones, todo ello con el objetivo de nutrir de fondos a la organización”.

Hassan Mohatar, quien defendió su inocencia ante la jueza encargada del caso, ha decidido poner el asunto en manos de Raúl Pardo Geijo Ruiz, considerado como "el mejor abogado penalista de España". Su trayectoria lo avala: Diputado del Colegio de Abogados en la Sección de Derecho Penal de Murcia, en la temporada 2023/2024 ha sido premiado por más de 20 instituciones jurídicas internacionales de relevancia como Global 100, Chambers, Leaders in Law, Global Legal Awards, Lawyers of Distinction e International Advisory Experts. El galardón más reciente fue entregado por la Editorial Best Lawyers (EEUU), que lo seleccionó como “abogado del año” en Derecho Penal, reconociéndolo como el mejor abogado penalista de España en "White collar crime". Estos méritos son atribuidos, según los Organismos, a la calidad jurídica de sus escritos e intervenciones judiciales y a la relevancia de sus aportaciones científicas al mundo del Derecho.

Además, ha sido incluido en la lista de los 25 profesionales más importantes del Derecho en 2024. Telefónica, Caixabank, Pascual o Crédito y Caución, entre otras tantas, son las que han patrocinado, como apunta el periódico digital Merca2 el ranking de las 25 personalidades cuya influencia ha dejado una marca permanente en el ámbito del derecho, listado elaborado de forma cuidadosa por los operadores jurídicos más importantes de España, seleccionando a 25 de entre 500 candidatos. Estas figuras, a través de su dedicación, experiencia y compromiso, han contribuido significativamente a la evolución del sistema jurídico en el país y, entre ellas, al margen de Magistrados o Fiscales del Tribunal Supremo y del Constitucional, se encuentra tan sólo un abogado penalista: Raúl Pardo-Geijo Ruiz. También se hallan personalidades tan reconocidas como el Juez Castro o los Magistrados Marchena o González Rivas.  Asimismo, ha sido considerado, como aparece también publicado en Merca2, entre las 500 personas más influyentes de España, midiéndose con figuras de la talla de nuestro Rey don Felipe, de la Reina doña Letizia y con los empresarios, cantantes, actores o profesionales más importantes de España en la actualidad,

No obstante, pese a la inocencia defendida por Hassan Mohatar y su reciente cambio de defensa, la investigación considera que Hassan, junto con dos exconsejeros y una exviceconsejera, todos en prisión preventiva, serían presuntamente “piezas fundamentales en el engranaje delictivo”. Desde sus cargos en el Gobierno, tenían responsabilidad en la adjudicación de la contratación menor de la Ciudad Autónoma de sus respectivos departamentos. También estaban implicados en la firma y autorización de los pagos correspondientes a los contratos menores desde la Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio, controlada por CPM en la anterior legislatura. Cada consejero tiene imputado un papel distinto en la trama, al igual que cada uno de los directores generales imputados, por lo que las líneas de defensa de cada uno de ellos no tienen por qué ser incompatibles.

En total, y solo por el momento, la jueza encargada del caso ha identificado 358 contratos menores cuya adjudicación habría sido fraudulenta, con un valor de 7.802.644,94 euros. De estos, 164 contratos fueron presuntamente “adjudicados a integrantes de la trama criminal” desde las carteras de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes hasta Medio Ambiente y Sostenibilidad, por un importe total de 3.892.389,52 euros.

Cabe destacar que Pardo Geijo ha obtenido notables absoluciones en casos tan mediáticos como Púnica, Gürtel, Malaya y los ERE. Hace unos meses, aún pendiente de sentencia, estuvo presente en el juicio contra la mayor trama de corrupción de Ceuta, conocida como “caso Emvicesa o Ghost”, donde se adjudicaban más de 500 casas a cambio de dinero. El juicio, publicado por la propia Audiencia, se puede ver en diferido, comprobando los alegatos de las acusaciones y de los abogados defensores, entre los que Pardo Geijo defiende la inocencia de sus clientes, trabajadores de la Empresa Pública de Vivienda o empresarios individuales. Aquí se muestra la disputa entre los fiscales de la acusación y la defensa de los trabajadores del Ente Público (EMVICESA).