La presidenta del tribunal de jurado que enjuicia a partir del lunes a Ana Julia Quezada por la muerte violenta del niño de ocho años Gabriel Cruz en febrero de 2018 en Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), ha acordado que la declaración testifical de los padres, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, se celebre a puerta cerrada.
En un auto notificado este viernes a las partes y hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la magistrada Alejandra Dodero decreta esta restricción también para el interrogatorio de la abuela paterna de Gabriel y una prima del niño, una medida que hace extensiva a la prueba pericial forense que está señalada para el día 16 de septiembre.
La resolución llega después de que la acusación particular haya presentado a la sala un informe del Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA), dependiente de la Junta de Andalucía, en relación a la situación psíquica y emocional de los padres y con el que se interesaba que se acordase la celebración del juicio con jurado popular a puerta cerrada.
Cabe recordar que a Ana Julia Quezada se le achaca también la presunta comisión de dos delitos de lesiones psíquicas sobre Patricia Ramírez y a Ángel Cruz, a quienes, según los escritos de las acusaciones, intentó "causar más sufrimiento" durante los días en los que estuvo desaparecido su hijo mientras que el auto de hechos justiciables de la magistrada subraya "su proceder" en los actos de movilización de esos días y el hecho de que la procesada estuviese "integrada en su más íntimo entorno familiar".
La representación procesal de los padres, ejercida por los letrados Francisco y Miguel Ángel Torres, solicitó "expresamente", con el informe del SAVA que a la postre ha resultado decisivo, que las sesiones del juicio oral en su totalidad se celebrasen a puerta cerrada. Subsidiariamente, interesaban, también a recomendación del SAVA, que la falta de publicidad afectase al testimonio en sala de Patricia Ramírez y Ángel Cruz.
La magistrada rechaza la pretensión principal que podría llevar a la nulidad ya que, según remarca, el hecho de que el juicio se celebre a puerta cerrada "no evitará que se deje de hablar y tratar el triste suceso, que ya desde el principio tuvo una gran trascendencia mediática, ya de "forma voluntaria, ya involuntaria".
Admite, no obstante, la "necesidad de proteger determinados intereses", en la misma línea que ha expresado el Ministerio Fiscal, que al darle traslado de la petición de la acusación, ha respaldado las restricciones acordadas.
La resolución recoge parcialmente el contenido del informe del SAVA, que advierte del estado de "victimización secundaria" de los progenitores de Gabriel Cruz por, entre otras causas, el "uso desmedido de la mediatización del caso" y remarca que se ha generado "un estado crónico de temor al daño psicológico irreparable en la familia".
Añade que el hecho de que el juicio sea público y "grabado" generaría "una profusión de noticias, programas e impactos que darían lugar a un contexto tan terrible como innecesario de evocación del trauma".
"DETALLES QUE LOS FAMILIARES DESCONOCEN" E "INFORMACIÓN DELICADA"
Los técnicos del SAVA apuntan, también, a que la "victimización secundaria sufrida" por Ángel Cruz y Patricia Ramírez "se vera sin duda agravada si se hacen públicos los detalles de la autopsia, los contenidos de los informes psiquiátricos y psicológicos o los detalles acerca de cómo se produjo la muerte del menor".
"Indica el SAVA que hay detalles de la autopsia que los familiares del niño desconocen y que los informes psicológicos de los padres contienen información delicada", concluye la magistrada para atender la solicitud de las acusaciones personas en la causa.
PETICIÓN DE AMPARO A DIVERSAS INSTITUCIONES
Cabe recordar que los padres del niño de ocho años Gabriel Cruz han demandado a diversas instituciones y entidades "amparo ante las amenazas que la cita judicial" comporta para sus derechos fundamentales como "víctimas de delitos violentos", así como respeto a la "memoria" del menor, y de "la intimidad, el honor e integridad de su familia".
En un escrito "exhaustivamente documentado", solicitan que se "evite" realizar informaciones relativas a los informes forenses relativos a su hijo "que puedan dañar su imagen y ocasionar un dolor enorme a su seres queridos", así como un uso "responsable" de esta.
Patricia Ramírez y Ángel Cruz piden, asimismo, según ha informado el CAA, que no se produzcan "interferencias" que pudieran "cuestionar que se trata de un juicio justo y con todas las garantías" ya que cabe recordar que será un tribuna del jurado el que dirima la culpabilidad o no culpabilidad de la única procesada por el crimen, Ana Julia Quezada.
Los padres de Gabriel han expresado, asimismo, su "preocupación" porque "puedan volver a repetirse" tratamientos "lesivos para con la imagen y memoria" de su hijo como "las que se produjeron tras su desaparición y la detención de su presunta asesina".
Así, hacen un llamamiento "general" a la "contención" en el tratamiento informativo y reclaman "de forma expresa" medidas en torno a los contenidos de los informes periciales relativos a cómo falleció el menor, "así como los suyos propios por pertenecer al ámbito de la intimidad y de la privacidad".
En su escrito también esperaban que la magistrada presidenta del tribunal, Alejandra Dodero, adoptase "medidas de protección en los contenidos más sensibles".
