Quien no quiera resolver esta perversa ecuación no rezuma sentido de servicio público, exigible en el ADN de cualquier dirigente o cargo institucional. Este juego de palabras, tan real como insultante, debería provocar el sonrojo y vergüenza de todas las administraciones, aunque no todas tengan la misma responsabilidad. Si el Estado no regula un mercado del alquiler fuera de control y si las autonomías no usan las herramientas que le brinden el legislativo y el ejecutivo, el mercado seguirá devorando las necesidades de los inquilinos y, más tarde, que nadie lo dude, las infladas e insaciables expectativas de muchos arrendadores.
Por ello, sorprende que en la jungla sin ley en que se ha convertido el universo del alquiler haya partidos que sólo echan lodo sobre cualquier iniciativa para erradicar prácticas, en ocasiones, mafiosas y usureras. Si al subidón del precio del alquiler tras los meses duros de la pandemia, sumamos los ridículos sueldos de centenares de miles de trabajadores jóvenes pobres, resulta más que evidente que algo hay que hacer. Y no precisamente declaraciones tan tremendistas como falsas, como las que verbalizó Teo García Egea cuando espetó que el Gobierno de Pedro Sánchez protege a los okupas y ataca a los propietarios. Del secretario general del PP no me sorprenden ese tipo de frases de marketing que nos sitúan ante el apocalipsis a cada instante. Sí me chirrió, sin embargo, en el habitualmente moderado y sensato discurso del portavoz parlamentario del PP andaluz, José Antonio Nieto, al tildar de “limosnilla” los 250 euros del bono joven que recibirán durante 2 años los menores de 35 años con ingresos inferiores a 23.700 euros. No se me olvidará la cara de un compañero de trabajo, que cumple todos los requisitos, ojiplático al escuchar esas declaraciones cuando a él le supondrán sufragar el 60 % de su renta.
Este problema merece un debate serio, alejado de exabruptos o mandobles dialécticos, y con cierta perspectiva. No puede decir el PP que la solución es que haya más viviendas porque así bajarán los precios. Es una teoría económica que, sin ir más lejos, no se cumplió con el expresidente Aznar cuando liberalizó el suelo. Se construyó a destajo y los precios subieron sin freno causando la fatídica burbuja inmobiliaria que nos condenó a la crisis financiera de 2008.
La vivienda es un derecho y, al menos, este proyecto de Ley la ha puesto de nuevo en el centro del debate político y social. Y eso, en sí mismo, es ya todo un acierto del Gobierno de coalición.
