La Junta de Andalucía ha realizado desde el inicio de la pandemia 21.668 contratos por el procedimiento de emergencia que suman más de 1.600 millones, principalmente a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), según los datos ofrecidos por el consejero de Hacienda, Juan Bravo.
Los contratos de emergencia fueron 17.444 en 2020 desde el inicio de la pandemia, a los que se suman otros 4.124 en 2021 y un centenar en lo que va de 2022, ha informado Bravo en el pleno del Parlamento.
El montante supera los 1.600 millones, ya que en 2020 fueron 1.104 millones y en 2021 fueron 502 millones, mientras que de la cifra de este año no se ha dado el dato.
El SAS es el ente más contratador, concentrando alrededor del 85 por ciento del total de estos contratos, y alrededor del 73 por ciento de los de 2020 fueron de suministros.
En un debate en el que la oposición ha acusado al Gobierno andaluz de abusar de estos contratos y de un posible "fraude de ley", en palabras del PSOE, Bravo ha defendido la gestión del Ejecutivo y su buen hacer: "Si tiene alguna duda lo que tiene que hacer es ir a la Fiscalía a denunciarme. Ya le digo que no va a encontrar nada", ha dicho al portavoz socialista, Mario Jiménez.
Ha asegurado que la Junta ha sido "absolutamente transparente" con la contratación de emergencia, ya que todo se ha publicado en la plataforma de contratación y ha recordado el contexto en el que esta norma se puso en marcha y su importante reducción en 2021.
Bravo ha expuesto el compromiso de su Gobierno con la contratación pública y con la transparencia en la gestión.
El PSOE, que ha pedido a la Cámara de Cuentas que fiscalice estos "contratos exprés", advierte de que se ha podido estar contratando "en fraude de ley" y denuncia la "maniobra política de ocultación", según las palabras de Mario Jiménez.
Ha considerado que es "muy grave" porque se habla "de mucho dinero, de muchos contratos" y ha denunciado que en marzo de 2022 se sigue utilizando el mismo procedimiento "que en plena explosión" de la pandemia hace dos años, cuando se trataba de una fórmula de contratación "de absoluta excepcionalidad".
"Estamos hablando de 1.600 millones, de los que una parte muy importante puede haberse contratado en fraude de ley" eludiendo los procedimientos par "ocultar información" o impedir la libre concurrencia o igualdad, ha agregado Jiménez, quien ha preguntado al consejero si se han pagado comisiones en esos contratos.
Por parte de Unidas Podemos, el diputado Ismael Sánchez ha calificado de "disparate" y de "grave anomalía" que se siga contratando por procedimiento de emergencia sin los principios de transparencia, concurrencia e igualdad.
Ha añadido que "alguien pudiera pensar que en Andalucía somos muy vulnerables a la corrupción" y advertido a Bravo de que, igual que el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, es "el maestro de la fullería", él puede ser "el maestro de la opacidad y arbitrariedad", ante lo que ha agregado: "Cuidado, que luego aparecen los hermanos".
La diputada de Vox Ángela Mulas ha señalado que ese procedimiento debe aplicarse "de forma muy prudente" y ha aludido al "elevado número" de contratos que se han hecho por emergencia, que además se llevó a cabo a consecuencia de unos estados de alarma "constituidos ilegalmente", y ha considerado que hay "dudas y sombras" sobre la gestión del Ejecutivo andaluz.
El diputado de Cs Carlos Hernández ha recordado que se trataba de contrataciones "urgentes, excepcionales" en una situación "extrema" a la que se enfrentaron todas las administraciones, y ha opinado que los partidos de la oposición "podrán poner las pegas que quieran" pero no pueden "nublar el buen hacer de la Junta".
