Más de dos millones de euros de más de 20.000 familias andaluzas se quedarán sin devolver en el proceso de la ejecución de la sentencia por la demanda colectiva que interpuso en 2003 la Fiscalía de Córdoba contra Gas Natural por el cobro indebido de dos conceptos en sus facturas en toda Andalucía durante diez años.
El fiscal que formalizó esta primera acción colectiva en España en defensa de los derechos de los consumidores, Fernando Santos Urbaneja, ha defendido en una entrevista con EFE que "sería bueno que lo que no pudiésemos devolver", que revierte en la caja del Estado, se destinase como en el caso de Canadá, que "está previsto" que se destine "a las asociaciones de consumidores".
El representante del Ministerio Público ha concretado que el volumen sin devolver y que se quedará el Estado supone alrededor del 20 por ciento de las entre 110.000 y 115.000 familias beneficiadas por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número uno de Córdoba.
ALREDEDOR DE DOS TERCIOS COBRÓ DIRECTAMENTE
De ellas, entre el 75 y el 77 por ciento cobró directamente mediante una devolución que Gas Natural hizo en la factura, ya que "seguían siendo usuarios", por lo que se vieron directamente beneficiados por la resolución de la Audiencia Provincial de Córdoba, que había ratificado la sentencia del juzgado en febrero de 2004.
Fueron cantidades de entre 180 a 200 euros, a veces de "300 y pico"”, ha recordado Santos Urbaneja, que aparecieron en las "cuentas donde la gente tenían domiciliado el pago" de Gas Natural y que “no supo muy bien" tras una carta que remitió a sus clientes en la que "no dijo por qué y la gente lo asumió".
Esto llegó tras un proceloso proceso de ejecución de la sentencia que se resolvía a golpe de resolución de la Audiencia Provincial ante la actitud del juzgado que no daba trámite a las peticiones del fiscal por no estar previstas en el ordenamiento, una situación que cambió el 22 de diciembre del 2014 cuando la instancia superior estableció, mediante un auto, "cómo vamos a ejecutar esto", lo que, a su juicio, supuso algo así como que "ese día les tocó que la pedrea un poco a muchas familias, a más de 100.000, porque a partir de ahí ya se hizo posible".
DESESTIMIENTO DEL RECURSO ANTE EL SUPREMO
Tras el desestimiento de Gas Natural de su recurso ante el Tribunal Supremo cuando ya estaba fijada la vista para su resolución, "ya podemos ejecutar, y para ejecutar tenemos un plazo de cuatro años, pero aquí empieza el calvario", ya que se ha de concretar quiénes y cuántos son los perjudicados y cuánto se les ha cobrado indebidamente.
Fernando Santos ha recordado que la Audiencia de Córdoba tuvo que obligar a Gas Natural a dar los datos, pero la empresa lo hizo en un "formato inteligible" y se pudo identificar y concretar a 104.000 perjudicados haciendo "las cuentas uno por uno" gracias a una aplicación informática que se elaboró específicamente para esta causa.
El proceso que dura ya veinte años y, en opinión de Fernando Santos Urbaneja, arrancó "porque había sensibilidad en Córdoba" al abrirse la posibilidad legal, "completamente nueva", de que "una institución como el Ministerio Fiscal pudiese reclamar por una multitud de consumidores aisladamente, muy poco afectados en lo económico".
UNA ACCIÓN INDIVIDUAL ANTIECONÓMICA
Para el fiscal, es obvio que "por esa cantidad nadie viene al juzgado, no tiene ningún sentido, es antieconómico, pero, ahora, si sumamos toda esa cantidad multiplicado por 100, 200 o 300.000, es una cantidad impresionante".
Además, también se daban en Córdoba las buenas relaciones institucionales, donde en el Ayuntamiento de Córdoba, la jefatura de los Servicios de Consumo del Ayuntamiento, que ostentaba Francisco Pedraza, permitió la presentación de medio centenar de reclamaciones "por el cobro indebido de Gas Natural por dos conceptos" terminasen por activar la demanda.
Uno de ellos era un derecho de alta al hacer el contrato y otro el denominado 'IRC' en la instalación receptora común, "que es lo que llamamos el cuarto del gas", propiedad de la comunidad de propietarios y por el Gas Natural cobraba indebidamente a cada cliente.
Para localizar a las personas que no eran clientes de Gas Natura, y obtener los datos para devolver la cantidad cobrada indebidamente, que incluía obtener el número de cuenta bancaria para hacer el ingreso, el juzgado inició un proceso "de una manera que daba credibilidad y se ha conseguido de esa cifra de los que no han sido usuario devolver una parte", pero, en cambio, hay otra que "no se van a localizar", confiesa Santos Urbaneja.
