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Lunes 01/07/2024  

Casco Histórico tacha de "gran paripé" la revisión del Catálogo del Peprich

Mientras que el Catálogo isleño contempla 900 fincas en Cádiz la cifra es de medio centenar.

  • Casco Histórico espera que tanto PSOE como PP, ahora en la oposición, rechacen el Peprich concebido. -
  • Cree que el Gobierno local intentar usar el informe de la Junta para enfrentarla a los vecinos
  • Tacha de ?lamentable? el papel que ha jugado el PP durante los tres últimos años
Ante las declaraciones efectuadas por el delegado de Urbanismo, Manuel Prado, sobre el estado en el que se encuentro el Peprich, la asociación de Casco Histórico ha querido salir al paso.

En primer lugar, señalan que “las Ordenanzas del Peprich fueron aprobadas en el año 2008, por acuerdo entre el PA y el PP, con el único fin de legalizar las obras realizadas por ese Ayuntamiento (Palacio de Congresos, etc), y en contra de los intereses de los vecinos afectados. Para contrarrestar las críticas vecinales, la señora Pedemonte se justificaba diciendo que era un documento vivo, es decir, que se podía cambiar en cualquier momento, extremo que la realidad ha demostrado incierto”.

La entidad vecinal prosigue diciendo que “no habiendo sido reformadas las ordenanzas, al ser éstas las que definen las fachadas, los patios, los huecos, etc, el PA es completamente consciente de que la Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Cultura, no puede admitirlas gran mayoría de las alegaciones presentadas por los ciudadanos en la fase de información pública. Por eso, el Ayuntamiento trata de utilizar el informe de la Junta para que sea esta administración la que se enfrente a los vecinos, cuando verdaderamente son ellos los culpables de esta situación, al aprobar unas ordenanzas rígidas y absurdas que encorsetan totalmente al Centro, y a las que tiene que ajustarse obligatoriamente la Junta. Es decir, es el Ayuntamiento el que diseña el nivel o grado de protección patrimonial”.

Casco Histórico entiende que “frente a la justificación alegada por el señor Prado de la tardanza en la tramitación por la dificultad de aprobar un Catálogo de más de 900 fincas, hay que recordarle que ello solo es consecuencia de la demencial redacción del Peprich, que recoge una riqueza patrimonial inexistente en la realidad. Hasta tal punto es así que, por ejemplo, en el municipio vecino de Cádiz, con una mayor riqueza patrimonial, solo hay catalogadas en torno a cincuenta inmuebles. ¿A quien beneficia esta incomprensible protección patrimonial?”.

Desde la asociación de vecinos estiman que “todo el proceso de revisión de los tres niveles del Catálogo ha sido un gran paripé del PA con la ayuda del PP, con el objeto de que al final todo siga igual. Desde el año 2007, tres años más perdidos. El PA, y el señor Prado en particular, saben que los trabajos de reforma del Catálogo elaborado últimamente por los arquitectos señor Villarmín y Hurtado ha sido cambiado nuevamente a gusto de la Gerencia de Urbanismo, organismo que manejan a su antojo, quedando la mayoría de las fincas con los mismos condicionantes”.

“Hastiados”

Casco Histórico advierte que “los vecinos están hastiados de tanta manipulación, y que de todo este caos urbanístico que está sufriendo la ciudad, solo es culpable el PA, siendo apoyado de manera totalmente consciente por el PP en estos últimos tres años, período durante el cual el PP ha tenido un papel lamentable”.
Al respecto, desde el ente vecinal confían en que “el Partido Popular, por fin, y el PSOE velen por los intereses de los ciudadanos, y no aprueben ni provisional ni finalmente dicho documento, porque aparte de suponer una ofensa para todos los ciudadanos de San Fernando, constituye un daño irreparable”.

Por último, lanzan un mensaje con un destinatario claro: el PA. Al respecto aseveran que “Esperemos que todos estos atropellos propiciados por el Ayuntamiento de San Fernando (Peprich, tranvía, desfalco, etc) de los que la cabeza responsable políticamente es el PA, lo paguen el día de mañana en las urnas, sin que inútiles pactos postelectorales contribuyan a que el ciudadano siga siendo perjudicado desde el poder municipal”.

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