Moción contra el ?impuestazo? de la Ley de Aguas andaluza

El debate político en el Ayuntamiento de la capital, desde luego, no ha entrado en dique seco. Nuevo tema para la disputa, aunque, en esta ocasión, con los mismos ingredientes de un debate al que los onubenses ya asisten desde hace tiempo como espectadores: el agua, entendida como negocio.

Es el grupo municipal popular el que ha planteado la votación en pleno extraordinario de una moción contra la Ley de Aguas de Andalucía, Norma que, entre otros calificativos y apreciaciones, vienen a catalogar como “impuestazo”.

Así, este lunes, bien temprano, populares, socialistas e izquierdistas darán su punto de vista, y su voto, o no, a “una moción contra la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía para iniciar la tramitación de un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional y las actuaciones judiciales necesarias para solicitar la nulidad de la Ley y la suspensión de su aplicación”.

En una nota, el grupo popular explica que “esta Ley es puramente recaudatoria, que no implica una gestión más eficaz y austera del recurso y que consolida un entramado burocrático injustificadamente extenso y profundamente ineficaz, por la propia indefinición del texto”.

Pero lo que más interesa no es la interpretación del texto. Lo importante es lo que manda y ordena. En este sentido, el portavoz del grupo popular en el Consistorio capitalino, Francisco Moro, ha detallado que “a partir de ahora en Andalucía tendremos el canon de mejora (local), el canon de mejora para infraestructuras de depuración (autonómico) y el canon de servicios generales, además del canon de regulación y tarifa de utilización del agua”.

Además, Moro subraya que el cobro corresponderá “a los ayuntamientos en beneficio de la Junta de Andalucía”.
Por todo ello, hoy comienza en Huelva capital una batalla que se librará, si prospera la moción, en la capital del país al amparo del Tribunal Constitucional.