La Guardia Civil ha detenido a 27 personas y e investiga a otras dos de una red criminal con base en Valladolid que operaba en toda Castilla y León, dedicada a la obtención fraudulenta de créditos personales de una entidad financiera para comprar vehículos, con más de 400.000 euros estafados, 11 cuentas bloqueadas y cinco millones de euros inmovilizados.
En un comunicado, la Guardia Civil ha detallado este lunes que la operación arrancó en el marco de otras dos con las que se desarticuló un grupo criminal relacionado con la “Banda del BMW”, dedicada al secuestro y robo con violencia e intimidación a empresarios de esta provincia.
En concreto se investigaron las actividades de una empresa de renting de vehículos, que facilitaba al grupo, además de dedicarse a crear y facilitar contratos falsos de compraventa de vehículos, que proporcionaban a terceras personas para completar la documentación que la entidad financiera estafada exigía como condición indispensable para la concesión de créditos.
La Guardia Civil contactó con la entidad financiera, que tras ser informada de lo descubierto comunicó a los agentes que se habían realizado un gran número de operaciones bancarias relacionadas con la obtención de préstamos fraudulentos para llevar a cabo supuestas compras de vehículos.
Estas operaciones compartían la característica de que los préstamos no eran rembolsados, ya que los beneficiarios eran insolventes o desconocían haber solicitado el crédito.
Tras una exhaustiva investigación y el análisis detallado de una gran cantidad de documentación bancaria y mercantil, se logró descubrir un complejo entramado criminal detrás de estas actividades fraudulentas.
Los líderes de la organización reclutaban a "mulas económicas", individuos que actuaban como intermediarios para solicitar préstamos fraudulentos.
De acuerdo a las mismas fuentes, esas "mulas económicas" eran seleccionadas cuidadosamente entre personas insolventes o con graves problemas económicos, a las que acompañaban para abrir cuentas bancarias, de manera que los miembros de la organización criminal se aseguraran de que los préstamos eran concedidos.
Posteriormente, los líderes proporcionaban documentación falsa, como contratos de trabajo, nóminas, informes de vida laboral y extractos bancarios, para respaldar las solicitudes de préstamos.
Esta documentación se caracterizaba por su compleja elaboración, ya que todo estaba interconectado sin dejar cabos sueltos, lo que daba la apariencia de autenticidad.
Los préstamos, que en su mayoría ascendían a 20.000 euros, se solicitaban para la compra de vehículos inexistentes; dándose también el caso de que un mismo vehículo era vendido en múltiples ocasiones.
Esas "mulas económicas", recibían una parte del préstamo como compensación por su participación, si bien algunas fueron engañadas y desconocían que se había solicitado un préstamo en su nombre hasta que recibieron un aviso de deuda por parte del banco.
La organización operaba bajo la fachada de dos empresas de compraventa de vehículos, que utilizaban para blanquear el dinero obtenido de forma fraudulenta, aparentando que era legítimo.
Además, se realizaban transferencias entre miembros de la misma familia para justificar supuestas compras y ventas de vehículos entre ellos.
Entre los 27 detenidos figuran los responsables de esas empresas, quienes actuaban como testaferros, así como los reclutadores de las “mulas económicas” y los facilitadores de la documentación falsa.
