Según relata su abogado, Fernando Osuna, el accidente se produjo en la carretera A-362 Utrera-Los Palacios, cuando JCG regresaba a su lugar de trabajo en Rociana del Condado (Huelva), donde se dedicaba a la recogida de la fresa, tras pasar el fin de semana con su familia en Algodonales. Fue en el kilómetro 5,6 de dicha carretera cuando se le interpuso una mula en su sentido de circulación, no pudiendo evitar la colisión, consecuencia de lo cual resultó muerto el animal y con graves heridas el conductor, que tuvo que ser rescatado del vehículo por los bomberos.
El mismo permaneció ingresado durante más de un año, arrastrando desde entonces importantes secuelas, como una paraplejía y un 99 por ciento de grado de discapacidad, por lo que se le reconoció la incapacidad permanente en grado de gran invalidez. Además sufre una grave depresión por el estado físico a que se ve sometido.
Por todo ello se abrió un proceso penal contra los propietarios del animal, presuntamente los dueños de una finca colindante al lugar del accidente, por una falta de lesiones por imprudencia, así como a la aseguradora como responsable civil directa.
Sin embargo, a pesar de que en el atestado “se aportaron datos que concluían de manera definitiva que la mula que ocasionó el accidente es una de las dos mulas desaparecidas en una finca colindante al lugar del accidente”, según el abogado del accidentado, la sentencia del juicio celebrado en 2005 recoge que no pudo probarse tal hecho.
A pesar de ello, Osuna destaca que la compañía aseguradora con la que tenía cubierta la responsabilidad civil del citado animal “aceptó su responsabilidad en la causa del accidente e indemnizó a JCG con el límite máximo de cobertura, de 90.000 euros, que sólo cubre una mínima parte de los daños causados”. Para el abogado, este hecho “entraña un reconocimiento de los hechos, aunque éste no sea expreso, pues la aseguradora no hubiera indemnizado a mi representado si la mula no fuese la asegurada”.
Es por ello por lo que ahora han presentado en el juzgado de Utrera una demanda civil, solicitando tanto por las lesiones físicas como por los daños materiales una indemnización de 929.121 euros, de los que deducen los 90.000 abonados por la compañía aseguradora.
