El registro único de alquileres de corta duración, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, promete revolucionar el sector inmobiliario en España. Esta normativa afecta a quienes ofrecen alquileres turísticos, de temporada o de habitaciones, y busca combatir el fraude y la oferta ilegal en este ámbito. Aunque el reglamento entra en vigor el próximo 2 de enero, será obligatorio a partir del 1 de julio de 2025, permitiendo a arrendadores y plataformas un periodo de adaptación.
Este registro hace de España el primer país de la Unión Europea en implementar un reglamento específico para los alquileres de corta duración, siguiendo los lineamientos marcados a nivel europeo. La medida incluye la creación de una ventanilla única digital, que facilitará la transmisión de información entre plataformas digitales, autoridades y propietarios.
¿Qué regula esta nueva norma?
La normativa establece una definición clara de los alquileres de corta duración, que incluye aquellos que:
- Generan remuneración económica.
- Se anuncian en plataformas online.
- Incluyen viviendas completas, habitaciones o alojamientos temporales.
Además, fija obligaciones tanto para los propietarios como para las plataformas digitales, en un esfuerzo por garantizar la transparencia y evitar irregularidades.
Si eres propietario y alquilas tu vivienda en alguna modalidad de corta duración, estas son tus nuevas obligaciones:
- Obtener un número de registro obligatorio, que deberás incluir en los anuncios publicados en plataformas digitales.
- Proporcionar información actualizada sobre la vivienda y el uso que se le da.
- Responder a los requerimientos administrativos de las autoridades competentes.
- Actualizar los datos en caso de cambios en la vivienda o su situación legal.
Las plataformas, como intermediarias, también deberán adaptarse a este nuevo marco:
- Retirar anuncios de viviendas cuyos números de registro hayan sido suspendidos o retirados en un plazo máximo de 48 horas tras recibir la orden.
- Asegurarse de que los anuncios incluyan el número de registro visible y que los propietarios puedan incorporarlo fácilmente.
- Realizar comprobaciones periódicas y aleatorias de la información proporcionada por los arrendadores.
- Transmitir mensualmente los datos de actividad de cada unidad de alquiler a las autoridades.
El principal objetivo del registro es ofrecer un mayor control sobre el sector de los alquileres de corta duración, reduciendo la oferta ilegal y el fraude fiscal. Además, busca unificar criterios y centralizar la información, mejorando la gestión y el acceso a datos por parte de las autoridades locales, autonómicas y estatales.
El Gobierno ha diseñado un periodo de transición hasta 2025 para que todas las partes implicadas puedan adaptarse a las nuevas exigencias. Sin embargo, el incumplimiento de estas normas podría acarrear multas significativas tanto para propietarios como para plataformas.
