La Comisión del estatuto del Diputado ha apoyado este martes por unanimidad conceder el suplicatorio que había pedido el Tribunal Supremo para investigar al exministro socialista José Luis Ábalos por el llamado 'caso Koldo'. La decisión deberá ser avalada por el Pleno del Congreso en una próxima sesión.
Tras una hora de reunión a puerta cerrada, el presidente de la comisión, Manuel Cobo, del PP, ha comunicado el resultado de las deliberaciones, subrayando que la decisión se ha adoptado por unanimidad y con todos los grupos parlamentarios presentes. En los últimos 35 años, todos los suplicatorios han sido concedidos.
Cobo considera que "se ha hecho un buen trabajo", se han cumplido "todos los trámites" y se ha dado audiencia al diputado afectado, que no sólo dio explicaciones verbalmente este lunes, sino que también aportó unas alegaciones de 88 folios.
CONSTARÁ LA QUEJA DE ÁBALOS
Ante la comisión, el exministro y ahora diputado del Grupo Mixto ha mantenido que ha sido objeto de una "operación" para tratar de implicarle en el caso de su exasesor Koldo García y que la Policía judicial le ha investigado irregularmente, sin permiso del Congreso. El informe de la comisión hará constar que el afectado alega que ha habido irregulariades en el proceso.
Una vez aprobado el dictamen favorable a levantar el fuero, el siguiente paso será aprobarlo en el Pleno del Congreso. El Reglamento establece que debe votarse en el siguiente Pleno ordinario, que no tendrá lugar hasta febrero cuando arranque en nuevo periodo de sesiones, pero no se descarta que la Mesa o la Junta de Portavoces adelanten el procedimiento y lo incluya en la sesión plenaria prevista el 22 de enero para convalidar decretos leyes.
Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.
En el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, Armengol dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.
NO SE RECHAZA UN SUPLICATORIO DESDE 1988
Hasta ahora el Congreso ha aprobado 33 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
El último suplicatorio que salió adelante data de septiembre de 2022, cuando la Cámara dio vía libre al Supremo para investigar al fuera diputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación, por contratos que realizó como alcalde de Trujillo (Cáceres).
En aquella legislatura se concedieron también suplicatorios a la expresidenta de Junts Laura Borràs, que acabó condenada por haber fraccionado contratos en favor de un amigo en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y a Alberto Rodríguez, que era diputado de Podemos. El Supremo le condenó por haber propinado una patada a un policía en una manifestación antes de ser diputado. Le impuso una multa y le inhabilitó para concurrir a las elecciones, lo que le costó el escaño, aunque después el Tribunal Constitucional anuló la condena, pero ya no pudo recuperar su acta.
En legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.
Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.
