La creación de este servicio de inspección se justifica en la importante demanda de viviendas protegidas en alquiler existente hoy en día en Jerez y en la oferta insuficiente de este tipo de viviendas, lo cual origina, según ha afirmado el delegado municipal, una demanda no atendida y una insatisfacción social, que a su vez, han generado aumento de denuncias por viviendas vacías.
En consecuencia, la propuesta del Gobierno municipal persigue garantizar que las viviendas del parque público se destinen a vivienda habitual y evitar su uso indebido. Según el artículo 11 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma Andaluza, el destino y ocupación de vivienda protegida debe de ser residencia habitual y permanente y que no esté desocupada más de tres meses consecutivos.
Así pues, los objetivos específicos del nuevo servicio son realizar inspecciones in situ de de las 1.561 viviendas públicas en régimen de alquiler que existen en Jerez; velar para que los adjudicatarios de las mismas cumplan los requisitos de adjudicación y utilización; detectar posibles irregularidades cometidas en la utilización de las viviendas y los incumplimientos contractuales de la adjudicación; poner en marcha acciones para recuperar la vivienda mal utilizada; y aplicar el Reglamento para que la adjudicación se lleve a cabo conforme a los requisitos exigidos en la normativa vigente.
En cuanto a la metodología de trabajo, la Unidad de Inspección realizará con carácter general una primera visita a todas las viviendas así como revisiones de oficio de dos visitas anuales a todas las promociones con idea de obtener información para valorar el estado actual de las mismas.
Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones de inspección y control específicas para evitar posibles casos de desocupación, tales como la evaluación de los consumos de agua potable; la utilización habitual de otros domicilios para el envío de notificaciones y comunicaciones; las declaraciones de policía y técnicos de la Unidad de Inspección; las declaraciones o denuncias de otros vecinos; las comprobaciones del padrón municipal; la negativa injustificada del arrendatario a facilitar las inspecciones y comprobaciones pertinentes; o la falta de pago de mensualidades.
Por su parte, la Delegación de Bienestar Social pondrá en marcha el Reglamento para establecer la adjudicación de viviendas a familias en riesgo de exclusión social, pudiendo utilizar los recursos de viviendas que puedan detectarse como consecuencia de las inspecciones realizadas.
