Nada que objetar

Con o sin asignatura de Educación para la Ciudadanía, en alguna línea de los muchos contenidos que estudian nuestros hijos se les debería explicar que en un Estado de Derecho las leyes se cumplen. Se pueden recurrir o se puede intentar modificarlas mediante la acción política, pero mientras esos procesos se sustancian las leyes se obedecen.  La asignatura en cuestión se regula por una que fue aprobada en el Parlamento y desde entonces está plenamente vigente. Algunos padres, con sentencias de órganos judiciales territoriales en la mano, se han sentido legitimados para incumplir la norma durante unos meses. Es más que discutible. Pero lo que es impresentable es que un partido político que aspira a volver a gobernar España se haya sumado a alentar la desobediencia civil. Es ese un peligroso camino que legitimaría a cualquier ciudadano, por ejemplo, a dejar de pagar parte de sus impuestos si cree que con ese dinero se hacen políticas que van contra su conciencia.
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha fallado con amplio consenso –22 votos frente a 7– que la asignatura de Educación para la Ciudadanía no atenta contra el derecho de los padres a formar a sus hijos de acuerdo con sus creencias y, en consecuencia, no cabe la objeción de conciencia. Quienes opten por seguir la vía judicial están en su derecho, pero con la sentencia del Supremo otras decisiones de órganos jurisdiccionales inferiores ya no podrán servir como coartada para defender la no escolarización de sus hijos en esta materia. Es decir, volvemos al principio: en un Estado de Derecho las leyes se cumplen.

En cuanto al PP, ellos sabrán. De momento su portavoz Alfonso Alonso ha anunciado que seguirán apoyando a los padres objetores en su batalla, que es la de recurrir y, mientras tanto, seguir objetando.

La batalla contra esta asignatura formó parte de la esencia de una oposición durante la pasada legislatura que ya fue sancionada en las urnas. Alguna de sus iniciativas territoriales, como la de impartir la materia en inglés en la Comunidad Valenciana, fue tumbada por el sentido común y por la presión de docentes y padres que no estaban dispuestos a hacer el ridículo con el dinero de los contribuyentes ni a que sus hijos fueran conejillos de indias de una batalla política. Y si alguna esperanza tenían en la vía judicial, acaban de recibir un supremo varapalo. Rajoy prometió eliminar la asignatura si algún día llega a gobernar. Ahora deberá plantearse si llamar a incumplir las leyes vigentes es el mejor camino para conseguirlo si uno no lidera un partido antisistema.