El Juzgado de Instrucción número cinco de Sevilla, merced a la denuncia promovida por la sociedad limitada unipersonal (SLU) 'Urbanizadora Rojas' contra la antigua caja de ahorros Cajasol a cuenta de la operación de compra de los terrenos bautizados como BP5 del desarrollo urbanístico de Entrenúcleos, en Dos Hermanas, ha resuelto la "imputación" de seis personas, directivos de la antigua Banca Cívica y CaixaBank, entre las que figura Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol y máximo dirigente de la citada y extinta caja de ahorros.
La denuncia, recogida por Europa Press, expone que la ya extinta caja de ahorros Cajasol, incorporada al grupo de cajas de ahorro Banca Cívica hasta que éste último fue fagocitado por CaixaBank, era la propietaria de los citados suelos del sector Entrenúcleos de Dos Hermanas. Se trataba, según la denuncia, de un activo "tóxico" cuya adquisición "impuso" supuestamente Cajasol al Grupo Inmobiliario Ferro, al que pertenece 'Urbanizadora Rojas', durante la negociación de "soluciones" financieras a los "problemas" que este grupo promotor sufría.
COMPRA POR "OBLIGACIÓN"
"Las negociaciones para la compraventa de los terrenos referidos estaban sometidos a la obligación de Cajasol de otorgar una financiación en condiciones supuestamente inmejorables y preferenciales", señala la denuncia, porque en aquellos momentos la situación de la empresa hacía "desaconsejable" operaciones inmobiliarias de esta naturaleza. La empresa, así, fue presuntamente "obligada a comprar dicho terreno a un precio superior a lo permitido por Ley en casi cuatro millones de euros".
"Cajasol, a pesar de la prohibición de vender terrenos destinados a la construcción de viviendas de protección a un precio superior al establecido por Ley, procede a la imposición de la compra a Ferro a un precio muy superior, aprovechando la situación de desesperación y ahogamiento financiero de la empresa y bajo el engaño de que era la única solución para generar recursos para atender su endeudamiento", señala la denuncia, toda vez que finalmente, el grupo Ferro no habría gozado de la financiación acordada en esta operación dando lugar al conocido conflicto que rodea a estas viviendas protegidas del sector Entrenúcleos.
DAÑOS Y PERJUICIOS
A tal efecto, acusa el grupo Ferro a la antigua caja de ahorros Cajasol de incumplir las "condiciones de disposición del préstamo" acordado, algo "fundamental para la aceptación de la compra del terreno de referencia", y calcula más de 34 millones de euros en concepto de posibles daños y perjuicios.
En un auto de fecha 6 de diciembre de 2012, el Juzgado de Instrucción número cinco de Sevilla recogía ya esta denuncia al detectar "la posible existencia de una infracción penal". Ahora, a través de una providencia fechada el 11 de abril de 2013 y recogida por Europa Press, esta instancia judicial resuelve la "imputación" de Antonio Pulido, el "representante legal" de CaixaBank (antigua Cajasol), Lázaro Cepas Martínez, Francisco Javier Fernández Sobrino, Baldomero Marín Camargo, y Miguel Valera Moreno, señalando el 22 de mayo como fecha de su citación.
POSICIÓN DE LOS DIRECTIVOS
Por su parte, fuentes de los directivos consultadas por Europa Press, han indicado que la empresa denunció porque "se produjeron dos denegaciones de crédito, ya que no cumplían con las garantías".
Las fuentes han indicado que ha sido el comité de riesgos, formado por personal técnico, el que ha denegado esa operación de préstamos dos veces, una cuando aún operaba Banca Cívica y otra cuando ya estaba CaixaBank.
Los directivos consultados han asegurado que están "tranquilos" ante este proceso, toda vez que se produjeron las denegaciones de los préstamos "porque no se cumplía con las garantías".
