La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha citado a declarar de nuevo este lunes a los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández y Martín Soler y a otros cinco imputados en la causa, entre ellos el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
En un auto dictado a principios de septiembre, consultado por Europa Press, la juez Mercedes Alaya imputó en la causa a otras 20 personas, entre ellas al jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo de la Junta, Antonio Lamela, a este último en relación a la ayuda de 5.026.425,51 euros concedida el 17 de noviembre de 2011 a Astilleros de Huelva, y citó a declarar a otras 21 personas que ya estaban encausadas por los ERE de Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén.
Así, la magistrada ha citado este lunes para ampliarle la imputación, además de a los exconsejeros, a los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; al exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, y a la exdirectiva de Vitalia María Vaqué.
También estaba prevista para este lunes la declaración como imputado del exdirector general de IDEA Miguel Ángel Serrano, aunque la misma ha sido aplazada al próximo viernes.
En el caso de Martín Soler, la juez lo ha citado a declarar porque, "realizado un repaso de las medidas cautelares sobre los imputados que han declarado, se observa que a Martín Soler no se le imputó expresamente la autorización de pago de la subvención de Avantia Ticsa, concedida por la Consejería de Empleo el 15 de marzo de 2010 por importe de 450.000 euros con cargo a los fondos de la Consejería de Innovación".
"A tales efectos", y "para declarar sobre estos extremos", la magistrada instructora ha citado a declarar a Soler, que ya tuvo que comparecer ante la juez el pasado día 17 de junio, aunque se acogió a su derecho constitucional a no declarar después de que Alaya le imputara dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las acusaciones solicitó medida cautelar alguna para el imputado.
LA IMPUTACIÓN
En relación a Martín Soler, la magistrada Mercedes Alaya considera que el informe definitivo de cumplimiento relativo al ejercicio 2008 y realizado a la agencia IDEA por la Intervención General de la Junta de Andalucía "volvía a poner de manifiesto y concluía que el procedimiento administrativo utilizado" por la Consejería de Empleo, como son las transferencias de financiación de explotación, "no se consideraba adecuado para financiar el gasto público realizado".
Según expone la juez, de este informe "sería receptor" el día 4 de noviembre de 2009 el entonces consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, quien ostentó dicho cargo desde el 24 de abril de 2009 hasta el 23 de marzo de 2010, añadiendo que, "a pesar de las conclusiones de este informe, la agencia IDEA adscrita a la Consejería de Innovación seguiría abonando las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo".
El abogado del exconsejero ya solicitó a la juez la "remoción" de su imputación porque es "por entero inocente" y "durante su periodo como máximo responsable político" en la Consejería "actuó con entero acomodo a la legalidad".
