El jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Lamela, también se ha acogido este jueves a su derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
Las mismas fuentes consultadas han precisado que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones ha solicitado medida cautelar alguna para Lamela, a quien la magistrada Mercedes Alaya ha imputado por la ayuda de 5.026.425,51 euros concedida el 17 de noviembre de 2011 a Astilleros de Huelva.
Aunque se ha acogido a su derecho a no declarar, tal y como han hecho otros imputados citados esta semana por la juez, la acusación que ejerce el PP ha dejado constancia por escrito de una única pregunta en torno al hecho de que la ayuda se habría dado incumpliendo la Ley General de Subvenciones, pues en el momento de recibir la subvención la empresa estaba en concurso de acreedores.
Hay que destacar que una veintena de letrados de la asesoría jurídica de la Junta de Andalucía han acudido a los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla para expresar su apoyo a su compañero y han defendido la "absoluta" legalidad de su actuación y su "honorabilidad".
En el auto en el que imputó a Lamela, consultado por Europa Press, la juez asevera que la referida subvención se otorgó el 17 de noviembre de 2011 y "fue pagada inmediatamente el 27 de diciembre siguiente", todo ello "al margen de la orden de fecha 1 de abril de 2011, por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sociolaborales".
A su juicio, "esta ausencia de aplicación de la referida orden fue objeto de reparo en su momento por la Intervención Delegada exigiendo que al expediente se le diera la tramitación regulada en la misma o que se completara aquel con el informe jurídico que sustentara su inaplicabilidad".
La instructora explica que dicho informe, de 15 de septiembre de 2011, fue realizado por el jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo, Antonio Lamela, "a instancias del viceconsejero Justo Mañas" y "siguiendo indiciariamente las instrucciones políticas de este último, del que dependía jerárquicamente".
Alaya critica que el informe "justifica la inaplicabilidad de la citada orden bajo el peregrino argumento de que las subvenciones de la orden de abril de 2011 sólo pueden solicitarlas los trabajadores, no las empresas, como sucedía en el caso de Astilleros, en el que es la empresa la que obtendría los recursos económicos para financiar las obligaciones indemnizatorias que tiene con sus trabajadores y es la que ha solicitado la subvención excepcional, razón por la que según manifiesta no resultan de aplicación de dichas bases".
A juicio de la juez, "el razonamiento era cuanto menos paradójico, pues resultaba que la Consejería de Empleo había estado más de diez años negando que la beneficiaria de las ayudas fuera la empresa, y ahora se esgrimía ese argumento para negar la aplicación de la normativa reguladora a una subvención, cuando disponía el artículo 2 de la citada orden que será requisito necesario para poder acceder a las ayudas en ella reguladas la superación de una fase preliminar, y que la misma se iniciará a petición conjunta de la empresa y los trabajadores o sus representantes".
LA IMPUTACIÓN DE LA JUEZ
"Lo único que hubiera sido necesario es complementar la petición inicial de la empresa y los administradores concursales con la solicitud de los representantes de los trabajadores que figuran en el acta final del periodo de consultas, o reformular la solicitud como además se requirió a la empresa por la Dirección General de Trabajo de acuerdo con lo exigido por la Intervención Delegada", sostiene la juez, que concluye que "se omitió deliberadamente el procedimiento aplicable por la Consejería de Empleo, dictando el consejero Manuel Recio una orden favorable de concesión de fecha 17 de noviembre de 2011 en la que se declara expresamente que de la ayuda serán beneficiarios 'los trabajadores incluidos en el colectivo A, B y D recogidos en los anexos de la presente resolución".
La magistrada destaca que en la resolución de esta ayuda "consta que fue aprobada por el Consejo de Gobierno", imputando a Antonio Lamela por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y citándolo a declarar el próximo día 25 de septiembre.
También han comparecido este jueves ante la instructora cuatro 'intrusos' en el ERE de Hitemasa del año 2001, como son Francisco Amores, quien recibió la suma de 30.474,36 euros por su inclusión en este expediente; Felipe Cortés, que cobró 37.487,85 euros; José Gálvez, que recibió 45.036,82, y José Torres, que recibió 30.977,77 euros.
CUATRO 'INTRUSOS' DE HITEMASA
Los cuatro se han acogido a su derecho a no declarar y, al término de sus comparecencias, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido para ellos fianzas de responsabilidad civil por el importe de las ayudas que cobraron más el tercio legal correspondiente.
Igualmente, ha comparecido ante la juez el gerente de Samec, Marcos Guerra, quien también se ha negado a declarar y para quien la acusación que ejerce la Junta de Andalucía ha pedido una fianza civil de 248.000 euros. También estaba citado Rodolfo Verginella, administrador de hecho y apoderado de Samec, aunque no ha comparecido al encontrarse fuera de España.
La juez considera que el gerente de Samec "contactaría" con el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas "a través del entorno de Ruiz-Mateos para la financiación de las prejubilaciones de trabajadores de la empresa en el año 2007 por parte de la Junta", añadiendo que Lanzas "cobraría por su intervención como conseguidor de la referida financiación al menos 487.200 euros".
"El inculpado, conociendo la actuación ilícita de Lanzas y la consecución de fondos públicos de forma arbitraria para Samec, cooperaría con el citado Lanzas en facilitarle el trabajo en la empresa, siendo retribuido por él en la suma de 24.360 euros con cargo a los fondos públicos andaluces", sostiene la instructora.
LOS IMPUTADOS POR EL ERE DE PRIMAYOR SÍ DECLARAN
Los últimos en comparecer ante la juez han sido, en relación al ERE de Primayor, el jefe de Personal, Luis Sobrino; el director de Recursos Humanos, Felipe Monforte, y el director general, Ramón Portal, los cuales "instaron un ERE para 50 trabajadores que fue financiado en el 91 por ciento por la Junta, con total ausencia de procedimiento". Todos ellos, al contrario que el resto de imputados que han desfilado este semana por el despacho de la juez, sí han declarado ante Alaya.
La juez llama la atención sobre el hecho de que, en el ERE, "estaba incluido el propio Luis Sobrino, percibiendo 2.400 euros mensuales".
