Tres meses hace ya que se celebraron las elecciones catalanas y el Parlamento Catalán no ha sido capaz de elegir al 131 presidente de la Generalitat de Catalunya. El 130 –Carles Puigdemont- está detenido o retenido en el norte de Alemania cuando trataba de llegar en coche desde Finlandia a Bélgica para eludir los controles aeroportuarios, dado que ya estaba dictada la euroorden. El 129 –ArturMas- está condenado por el Tribunal de Cuentas a la devolución de más de cinco millones y por el Supremo a dos años de inhabilitación. Otros 25 dirigentes independentistas o están en la cárcel preventivamente, en búsqueda en el extranjero o en libertad provisional esperando juicio.
Quién escucha al presidente del parlamento de Cataluña decir sin inmutarse y con solemnidad que “Ningún juez, ni ningún gobierno, ni ningún funcionario tiene la legitimidad para cesar, y menos perseguir, el presidente de todos los catalanes” entiende el problema que España tiene delante de sí. Muchos creyeron que estaban por encima de la ley y que el “pueblo catalán” –aunque nunca pasaron del 48 % de los votos- da salvoconducto para saltarse cuanta normativa se quiera, sea el reglamento del parlamento, el Estatuto y , por supuesto, la Constitución. Actuaron consentidos en su presunta inmunidad. Los eximía su supremacismo independentista. Nunca creyeron que el Estado iba a personarse ni con el 155, ni con el Poder Judicial, ni con el cortafuegos diplomático internacional que ha actuado. A pesar de todo, la tozudez ha sido enorme. Siempre la burra acudía al trigo.
¿Se han acabado los problemas con las medidas fuertes que se están aplicando? No, decididamente no. Se han marcado los territorios pero casi dos millones de catalanes llegaron a apoyar la independencia. No se van a disolver, es más ahora tratarán de hacer un frente común “por la democracia”. La heroicidad de la que ha carecido el de los tercios de Flandes, convertida en farsa. Hasta el obtuso presidente que fue capaz de decir la frase anterior ha tenido un momento de lucidez: “Esta situación exige una salida política. No judicial. Ahora es la hora de la política”. El problema es que se le han otorgado todos los poderes de dirigir la situación al juez Llanera y al Tribunal Supremo. La ceguera y la ausencia de la política ha sido total.No es tarde para la política pero si llega, será tarde.
