La reforma de la Ley Hipotecaria de José María Aznar abrió la posibilidad a la Iglesia Católica de inscribir con una certificación eclesiástica cualquier bien que entendiera que podía ser de su propiedad. Era un disparate incomprensible en un Estado de Derecho que se diera a la iglesia el papel que tienen reconocidos los registradores de la propiedad con las certificaciones notariales correspondientes.
Para contrarrestar dicho entuerto, en el Congreso de los Diputados, cuando hubo una mayoría legislativa con la suficiente mayoría para revertir la situación, aunque gobernara Rajoy, se presentó una Proposición No de Ley que se aprobó en 2017. En la misma, llamaron “rapacería” por parte de la iglesia a lo sucedido y se obligó al ejecutivo a que se hiciera un estudio en el que se recogieran “todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica, y proceda (el gobierno) a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la misma, si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo”. La proposición fue firmada, entre otros, por el anterior ministro de Justicia Juan Carlos Campo. Se trataba de un clarísimo abuso de derecho y, por eso, se pedía al gobierno su clarificación y su devolución a los propietarios legítimos o al dominio público, en el caso de que ésa fuera su notoriedad durante tiempo suficiente.
El gobierno -primero con Carmen Calvo y después con Felix Bolaños- hicieron su tarea y la iglesia ha entregado una parte de los bienes inmaculados a su nombre indebidamente. Se inscribieron 34.961 bienes (20,014 templos y anexos y 14.972 fincas de otra naturaleza). De ellos 1.758 en Andalucía y de los cerca del millar, 54 de Andalucía, que ahora la iglesia ha reconocido que - con lenguaje melifluo - “pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo”. Es decir, que se lo apuntaron como propios, sin más.
La Conferencia Episcopal Española ha firmado su devolución y se compromete a buscar con el gobierno y los municipios a sus legítimos propietarios. No es mucho, pero es sólo el principio de un camino para rectificar el desmán cometido. Queda tarea por delante: La revisión del Concordato con la Santa Sede y penalizar los abusos sexuales a menores.
