El Ayuntamiento de Arcos es el primer damnificado por el sobreseimiento del caso denunciado el anterior mandato por el entonces equipo de Gobierno PP-Ai-Pro Pro contra la alcaldesa de la época, la socialista Pepa Caro, y su delegado municipal de Urbanismo, Joaquín Macías. El Gobierno creyó que ambos, de manera ilegal, participaron a propósito en la paralización del cobro de sanciones urbanísticas contra las viviendas y parcelaciones ilegales. El equipo de gobierno PP-Ai-Pro siempre consideró que se dejó de cobrar en detrimento del Ayuntamiento más de dos millones de euros en sanciones.
Ahora la Justicia ha sobreseído el caso que se encontraba en fase de instrucción, de lo que se deduce que no ha encontrado indicios de delito por parte de los entonces mandatarios.
Con esta resolución, Caro y Macías quedan absueltos, al tiempo que los abogados de la defensa reclaman al Ayuntamiento el pago de las costas judiciales por valor de 40.000 euros; una situación que ha provocado el lógico enfado del alcalde porque una vez más es el erario público el que paga las consecuencias de un pleito, aunque, no obstante, ha mostrado su alegría porque la Justicia demuestre que sus compañeros del PSOE no actuaron de forma ilícita.
La denuncia interpuesta por el Ayuntamiento el anterior mandato tuvo su fundamento en un decreto emitido en 2010 que vino a anular una serie de liquidaciones en materia sancionadora. El personal municipal responsable de registrar estas liquidaciones vía telemática detectó al parecer una serie de errores y duplicidades, lo que les hizo sospechar que se podía cobrar la misma sanción dos veces al mismo ciudadano. El actual equipo de Gobierno del PSOE sostiene que esas sanciones urbanísticas nunca fueron anuladas como tal, ya que tan sólo se emitió un decreto para corregirlas, lo cual, lógicamente, provocó un retraso en el cobro. Según el ejecutivo, el siguiente delegado de Urbanismo a Joaquín Macías, es decir, Manuel Erdozain (Ai-Pro) debió cobrar esas sanciones, puesto que entonces ningún expediente había prescrito.
En su lectura de estos hechos, el actual alcalde socialista de Arcos, Isidoro Gambín, ha expresado su convencimiento de que detrás de la actuación de sus compañeros en el año 2010 no hubo intención lucrativa, más bien -señala- un claro gesto de persecución política por parte del anterior gobierno PP-Ai-Pro. De hecho, Gambín habló de “manía persecutoria”.
Respecto al juicio celebrado hace unos días en los juzgados de lo Penal de Jerez, Gambín está convencido de que la sentencia será favorable para la exalcaldesa y su equipo de Gobierno, en alusión a la querella también interpuesta por el anterior equipo de gobierno por un presunto delito de ordenación contra el territorio.
De otro lado, continúa la fase de instrucción en el caso de los enchufes laborales, que podría sentar en el banquillo de los acusados, si así lo cree conveniente el Ministerio Fiscal, al exalcalde del PP de Arcos, José Luis Núñez, y a su equipo de Gobierno; una denuncia que interpuso a título particular el exconcejal del PSOE Joaquín Macías. Así las cosas, la judicialización de la actividad política en Arcos ha sido un hecho evidente durante los últimos años.
