La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha iniciado nuevas medidas de precinto y suspensión de obras en la zona de la Ribera de la Oliva, ubicada en el término municipal de Barbate, tras la detección de nuevas parcelaciones ilegales. Estas acciones se llevan a cabo en el entorno del Arroyo Mondragón, dentro de la demarcación del Guadalete-Barbate, y forman parte del esfuerzo continuo por frenar la expansión del proceso parcelatorio ilegal en la región.
Además de las irregularidades eléctricas, se ha constatado la existencia de vertidos incontrolados de residuos en el subsuelo, así como una posible captación ilegal de agua desde un pozo cercanoA pesar de las contundentes medidas adoptadas en años anteriores, que incluyeron el precinto de alrededor de 100 parcelas y edificaciones ilegales, además de la demolición de una vivienda en abril de 2024, la parcelación ilegal en la zona persiste. La Inspección de Ordenación del Territorio busca prevenir que estas irregularidades culminen en la demolición de más viviendas mediante acciones tempranas como el precinto de obras y la suspensión de usos.
En esta ocasión, se ha detectado la división de cuatro parcelas registrales en aproximadamente 60 lotes, lo que sugiere un plan parcelatorio preconcebido. Las inspecciones han revelado que algunas de estas parcelas ya cuentan con edificaciones terminadas, mientras que otras se encuentran cercadas por muros ciegos que impiden la visibilidad desde el exterior, dificultando la identificación de actividades ilegales.
Durante la jornada del 22 de octubre, los inspectores precintaron un total de 25 lotes, en los que también se procedió a cortar el suministro eléctrico por operarios de Endesa, debido a graves problemas de seguridad derivados de acometidas ilegales sin autorización. El cableado, que no cumplía con las condiciones de seguridad necesarias, presentaba un riesgo para los residentes, al no contar con contadores ni proyectos que garantizasen la seguridad de la red subterránea.
Además de las irregularidades eléctricas, se ha constatado la existencia de vertidos incontrolados de residuos en el subsuelo, así como una posible captación ilegal de agua desde un pozo cercano. La Junta de Andalucía ha señalado que estas situaciones serán trasladadas a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo de Cádiz, ya que la construcción de viviendas en suelo rústico puede constituir un delito.
Las operaciones de precinto continuaron este miércoles hasta cubrir la totalidad de los 60 lotes afectados. Asimismo, la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo abrirá expedientes sancionadores a los responsables de estas actuaciones ilegales, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluyendo la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma y la Guardia Civil.
