El Consejo Consultivo de Andalucía emitió el año pasado 208 dictámenes sobre responsabilidades patrimoniales en el ámbito sanitario, una cuarta parte de ellos estimando las reclamaciones, lo que supuso a la administración desembolsar más de 2,3 millones de euros.
La presidenta del Consejo, María Jesús Gallardo Castillo, ha ofrecido estos datos en el marco de las jornadas organizadas por este órgano consultivo en las que un centenar de abogados del país y representantes de otros consejos abordan la responsabilidad de la Administración sanitaria.
Casi la mitad de los asuntos sobre responsabilidad patrimonial que despacha anualmente el Consejo proceden del ámbito sanitario, causas por las que el año pasado se emitieron más de 200 dictámenes
De esa cifra, el Consejo estimó 56 reclamaciones que han supuesto a la Administración un desembolso de 2,3 millones en indemnizaciones.
El incremento de reclamaciones por un funcionamiento defectuoso del servicio sanitario corrobora según el Consultivo un proceso de mayor conciencia ciudadana a la hora de exigir tanto sus derechos como un estándar de calidad en el funcionamiento de los servicios públicos.
En este proceso, los consejos consultivos se han convertido en pieza clave, de ahí que en Granada se estén celebre hasta este viernes las jornadas "La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria".
"El ordenamiento jurídico tiene previsto como medida resarcitoria la indemnización cuando, por la amplia actividad que la Administración desarrolla, provoca un daño que el ciudadano no tiene el deber jurídico de soportar", ha explicado Gallardo.
Las jornadas han sido inauguradas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSA), Lorenzo del Río, quien ha valorado la actualidad y la repercusión de estas jornadas en la ciudadanía.
"En este tema siempre hay dos objetivos: conseguir la mayor indemnidad del ciudadano sin necesidad de una carga de la prueba que muchas veces le es muy dificultosa y a la vez que no siempre se esté indemnizando cualquier cosa, sino que haya un mínimo soporte objetivo y razonable", ha apuntado Del Río.
Las jornadas analizarán los requisitos para pedir y recibir una indemnización, la problemática que genera la pérdida de oportunidad y el daño desproporcionado, el consentimiento informado, la valoración del daño y el procedimiento a seguir para formular la oportuna reclamación, entre otros temas.
"Aunque en nuestros dictámenes intentamos ser lo más didácticos posible, lo mejor es explicarlo aquí, en la institución donde se reciben la mayor parte de estas reclamaciones", ha añadido Gallardo.
