La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a la Junta de Andalucía que realice un cribado masivo a todos los trabajadores y reclusos de la cárcel de Sevilla-I, después de que hasta siete módulos, casi 300 internos y más de una decena de funcionarios tuvieran que ser confinados en las últimas semanas, para así asegurarse de que el brote ya no tiene más consecuencias y prevenir o "minimizar" la incidencia del coronavirus Covid-19 dentro del centro, donde Según Instituciones Penitenciarias sólo quedan dos módulos afectados.
También ha solicitado que se priorice las pruebas PCR para los profesionales que tuvieron un contacto más estrecho con las personas que dieron positivo y los incluidos en grupos de especial vulnerabilidad y que se identifique la variante, por si han de tomarse medidas preventivas distintas a las actuales.
La reclamación se produce después de que entre noviembre y principios de diciembre se confirmase el positivo de 16 internos y 12 funcionarios "como mínimo", lo que obligó a la dirección del centro a confinar a 296 internos. El encierro ya ha concluido para la gran mayoría de los afectados, pero CSIF insiste en la necesidad de efectuar las pruebas para que los trabajadores tengan la seguridad de que el brote "ha terminado por completo".
En este sentido, el delegado de Prevención en los centros penitenciarios de la provincia de Sevilla por la Junta de Personal del Sector de Administración General del Estado (AGE), Ángel Manuel Domínguez, ha dirigido un escrito a la delegada territorial de la Consejería de Salud y Familias en Sevilla, Regina Serrano, a quien advierte de las consecuencias de la nueva ola del virus SARS-CoV-2 en la cárcel y de la necesidad de adoptar medidas "extraordinarias".
Según el delegado sindical, la pandemia no sólo no ha remitido sino que "está haciendo que aumente el número de internos confinados y de módulos con régimen de vida especial".
También destaca que la plantilla penitenciaria pertenece a la categoría de personal esencial y además realiza su trabajo "de forma presencial en espacios cerrados, en contacto directo con internos confinados, en algunos casos contagiados del virus", de ahí que los análisis sean imprescindibles para controlar la propagación del virus, proteger la salud de los trabajadores y sus familias y garantizar "el eficaz funcionamiento de la institución y la custodia efectiva de los reclusos".
