La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para el miércoles de esta nueva semana, el comienzo del juicio correspondiente a la pieza de la macrocausa de las irregularidades detectadas en la empresa de capital de riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), por el préstamo de 100.000 euros concedido por la misma a la sociedad gaditana Lolita Canalla.
Este juicio estaba inicialmente fijado para el pasado mes de enero, si bien entonces fue suspendido porque la acusada María Malo, quien fuera administradora de la empresa Lolita Canalla y residente en Bali (Indonesia), alegó estar infectada de Covid-19, con lo que el inicio del juicio fue pospuesto al miércoles 18 de mayo.
En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción presenta cargos contra el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, ya condenado a tres años y medio de cárcel por el préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, a dos años y tres meses de prisión por los gastos de personal de la citada entidad y a tres años y un día de cárcel y seis años y un día de inhabilitación absoluta por el préstamo participativo de 300.000 euros concedido a la empresa jiennense Fumapa.
Para él, el Ministerio Público reclama seis años de prisión y diez de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos y otros diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, con relación al préstamo de 100.000 euros otorgado por Invercaria a la sociedad Lolita Canalla.
Asimismo, y a cuenta de estos mismos delitos, la Fiscalía reclama dos años y medio de cárcel y once años de inhabilitación para la que fuera administradora de la citada empresa, María Malo, y para su jefe de publicidad y comunicación, Ignacio Jarillo, que fue la persona encargada de las gestiones y conversaciones con Invercaria para la consecución del préstamo y quien se encargó de elaborar la documentación que se entregó a la sociedad y de mantener las reuniones con sus responsables.
De igual modo, el Ministerio Público pide que los tres acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a la agencia IDEA en la cantidad de 100.000 euros.
La Fiscalía relata que la empresa Lolita Canalla se constituyó con un capital social de 3.006 euros el 12 de julio de 2005 en Tarifa (Cádiz), siendo su objeto social el diseño, confección y venta de textil y complementos, de forma que en febrero de 2006 tenía un capital social de 55.000,80 euros.
SITUACIÓN ECONÓMICA "DELICADA"
Según expone, Lolita Canalla tenía a la fecha de los hechos préstamos con entidades financieras por valor total de 1.194.000 euros "y se encontraba en una situación financiera y económica delicada que le hizo acudir a diversas vías de financiación", disminuyendo "progresivamente tanto su valor como sus ventas" hasta el punto de que en 2008 liquidó por concepto de IVA 47.016,07 euros.
Además, la sociedad depositó cuentas de 2009 "fuera de plazo" y "se encontraba en causa legal de disolución a la fecha de solicitar el préstamo y de iniciar los contactos" con Invercaria, dice la Fiscalía, que agrega que, para acceder al entorno de esta sociedad, "fue decisiva la relación de amistad y vecindad" que mantenía Ignacio Jarillo con Pérez-Sauquillo.
De esta forma, y antes de febrero de 2009, Ignacio Jarillo solicitó una reunión con el expresidente de Invercaria, "cita solicitada y atendida gracias a la relación antedicha", en la cual el primero "le expuso los problemas" a Pérez-Sauquillo "y le solicitó financiación a través de Invercaria", según la Fiscalía.
Según indica, a dicha reunión "fue citado sobre la marcha" el que fuera director de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, "cuya presencia fue requerida de inmediato por el acusado a fin de presentarles el proyecto" y que era director del departamento de Promoción, departamento "por el que debía de iniciarse la puesta en marcha del procedimiento de análisis de Invercaria que establece el Plan Director".
Así, el 5 de febrero de 2009 Cantos acudió en compañía de una empleada de Invercaria a las instalaciones de la empresa en Tarifa, donde fueron recibidos por María Malo e Ignacio Jarillo, tras lo que el 12 de mayo de 2009 se produjo una nueva reunión en las instalaciones de Invercaria en la que estuvieron presentes Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, que era directora gerente de la empresa pública, además de Cristóbal Cantos y los representantes de Lolita Canalla, según el relato de la Fiscalía.
La Fiscalía asegura que, en esta última reunión, "quedaron patentes las necesidades de efectivo de la empresa, además de que la situación de la crisis económica estaba agravando su relación con los proveedores", y se entregó un Plan de Negocios aportado por Ignacio Jarillo que, "si bien contenía un documento tipo Power Point con diversas fotografías y presentación de la empresa, no contenía análisis financieros como tal, ni plan de negocios".
El 18 de mayo, "y como quiera que Invercaria no ponía en marcha el proyecto y en consecuencia no otorgaba financiación", María Malo, "acuciada por la situación", telefoneó a Cristóbal Cantos y, "ante el escaso avance de la petición de inversión, le pidió asesoramiento para otras vías de inversión pública".
"Cantos nunca realizó análisis del proyecto de Lolita Canalla, ni siquiera consideró como apto para una inversión en el mismo, de acuerdo con la tipología de entidades a los que iba dirigida la ayuda pública", remarca el Ministerio Público, que añade que Pérez-Sauquillo "reclamó el proyecto para sí" y "decidió otorgar un préstamo" a la mercantil.
"PURA LIBERALIDAD Y ARBITRIO" DE PÉREZ-SAUQUILLO
Para la concesión de este préstamo, según la Fiscalía, "tan solo se contaba con el llamado Plan de Negocios e Innovación por la mercantil y un informe de riesgo por parte de una tercera empresa llamada On Line Axesor" en el que se realiza un análisis de riesgo de inversión y que califica a la sociedad "en riesgo moderado por la probabilidad de impago, con la recomendación de concesión de crédito de 7.200 euros".
El Ministerio Público asevera que "no se ha realizado ni propuesta de inversión y ni un solo informe positivo" por parte de Invercaria, por lo que la inversión se debe "a la pura liberalidad y arbitrio" de Pérez-Sauquillo, quien "actuando aún dentro de sus facultades, faltó de modo patente al procedimiento" descrito en el Plan Director "y sin que fuera un proyecto escalable, tal y como se denominaba en la entidad a los proyectos propios de capital riesgo".
Además, "tampoco fue aprobado o informado siquiera por los departamentos de Invercaria, como el comité de dirección e inversiones", dice la Fiscalía, que agrega que el préstamo que Pérez-Sauquillo "decidió dar" a Lolita Canalla "no era participativo, modalidad usual con la que Invercaria invertía en terceras sociedades", tenía una duración de cinco años y vencía el 29 de julio de 2014.
Finalmente, el préstamo que el expresidente de Invercaria concedió a esta empresa fue de 100.000 euros, "sin que hasta la fecha se haya pagado cantidad alguna resultante del mismo", señalando que, "ante el impago" por parte de Lolita Canalla "en todas sus cuotas", Invercaria instó la reclamación del capital e intereses ante los juzgados de Algeciras.
Para concluir, el fiscal asevera que, a la fecha de concesión del préstamo por parte del expresidente de Invercaria, la mercantil "estaba en causa de disolución".
