El director general de Calidad Ambiental del Govern balear, Antoni Oliver (UM), fue detenido en la jornada de ayer miércoles por la policía judicial en el marco de una investigación por supuesta corrupción en el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) de Baleares, ordenada por el juzgado de instrucción número 10 de Palma.

Oliver había sido hasta hace pocas semanas el gerente del citado instituto de investigación turística, ubicado en el parque tecnológico de Palma (Parc BIT), a las afueras de la ciudad, cuya sede fue registrada ayer durante horas por varios agentes de la Policía Judicial, quienes se incautaron de numerosa documentación.

Tras la detención de Oliver, otras dos personas fueron arrestadas en la localidad de Pollença, al norte de la isla, y no se descarta que se produzcan más detenciones de otros implicados en el marco de la operación Voltor (buitre), informaron fuentes policiales.

El registro en Inestur, que se inició sobre las 10.00 horas, responde a una petición del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach para poder investigar supuestos delitos que podrían haberse llevado a cabo en este organismo público durante la presente legislatura.

El Inestur depende directamente de la Conselleria de Turismo, cartera que la pasada legislatura gestionaba el Partido Popular, pero que tras el cambio de gobierno, en 2007, ha estado bajo la dirección de varios miembros de Unió Mallorquina (UM): Francesc Buils, el concejal de Palma Miquel Nadal –imputado en varios casos de corrupción– y el actual conseller y ex alcalde de Alcudia, Miquel Ferrer.

En otro orden de cosas, el ex alcalde de la localidad valenciana de Montroy Javier Carrión (PP) fue detenido por la Guardia Civil, junto a seis personas más, por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación en una operación que investiga la construcción sin licencia de una urbanización con docenas de chalés.

La operación, iniciada hace un año y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Picassent, comenzó a ejecutarse sobre las nueve de la mañana en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Montroy, cuando varios agentes de la Guardia Civil han llegado con una orden judicial de registro y varias cajas para requisar pruebas y documentación.