El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha indicado este miércoles que es "intención" de la Junta "destinar" los 8,4 millones de euros de indemnización recibida de Endesa por su responsabilidad en el incendio registrado en 2014 en la Sierra de Gádor (Almería) a "restaurar" la "zona calcinada", que alcanzó unas 3.200 hectáreas.
Así lo ha trasladado en comisión parlamentaria a pregunta del diputado autonómico del PSOE, José Luis Sánchez-Teruel, quien le ha instado que se "comprometa" a invertir esa cuantía, que, sumados intereses, llegaría casi a los "11 millones de euros" en políticas ambientales y en "inversiones forestales" en esa comarca que palien los "daños sufridos" y que se incluya en el presupuesto para 2023 dado que esta consignado judicialmente el dinero.
Fernández-Pacheco ha señalado que la indemnización firma por sentencia del Tribunal Supremo (TS) no revierte de manera directa en la consejería, sino que va a la "caja única" de la Junta, aunque ha apuntado "compartir que el mejor destino posible" es la "restauración" de la "zona afectada" y "si sobra algo, para el resto de la provincia de Almería", según ha matizado.
Al hilo de esto, ha dicho que, en la actualidad, "hay más de medio millón de euros" destinados a "trabajos de selvicultura y de reforestación en la Sierra de Gádor" y ha precisado que hay que sumar 3,6 millones de euros para actuaciones en 700 hectáreas de "montes públicos" como en Los Vélez y Sierra de Los Filabres, donde "ya superan el 60 por ciento de ejecución y van a buen ritmo".
"La intención de la consejería evidentemente es que esos 8,4 millones de euros, que es el importe exacto de la sentencia, se destinen a restaurar la zona incendiada en la Sierra de Gádor y que se sigan invirtiendo, por qué no, en el resto de la provincia de Almería que falta nos hace, claro que sí", ha concluido.
El Tribunal Supremo (TS) confirmó en mayo que el incendio forestal que en marzo de 2014 arrasó más de 3.200 hectáreas de la Sierra de Gádor se originó por el mal estado de mantenimiento de una línea de baja tensión y ratificó que Endesa debe indemnizar a la Junta de Andalucía con 8,4 millones de euros por la "pérdida de masa arbórea".
En la misma comisión parlamentaria celebrada este miércoles, el consejero ha remarcado la "muy buena calidad del aire" en la provincia de Almería y ha señalado, preguntado por los niveles que se han registrado "antes y después de la pandemia de covid-19", que la comparativa de los valores de evaluación de la calidad en 2019 y 2022 "arrojan resultados de partículas en suspensión de todo tipo bastante desigual en las diferentes estaciones, si bien ninguno de ellos se aproxima a los límites legales aplicables y son bastante inferiores".
"Ni en 2019 ni en 2022 se superan los valores legales asociados al dióxido de azufre, que están muy por debajo de los valores límite y, además, hay una reducción en los niveles de dióxido de nitrógeno y un descenso considerable también en metales pesados, por lo que, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los almerienses respiran un aire de bastante calidad", ha subrayado.
Por su parte, el parlamentario del PSOE, José Luis Sánchez-Teruel, ha criticado que la Junta "no publica" las mediciones de la calidad del aire que, "se entiende, debe realizar en los puertos almerienses".
"El puerto comercial de Carboneras lleva desde 1 de enero sin control de las emisiones, por averías en los medidores y a la Junta no se le conoce acción alguna para remediar esa negligencia", ha asegurado.
Sánchez-Teruel ha cuestionado al consejero por si han realizado algún "requerimiento o abierto expediente a la Autoridad Portuaria de Almería a tal efecto" al tiempo que ha censurado que "los instrumentos para la medición de la calidad del aire en Almería bien no funcionan, bien se desconocen sus datos o se han eliminado".
"En el último año, han retirado tres estaciones de medición en Níjar, Mojácar y Carboneras en lugar de cambiarlas de sitio o ampliarlas", ha afirmado para reclamar que en las zonas urbanas próximas a los puertos comerciales de Garrucha y Almería "se instalen medidores para que la población conozca la calidad del aire que respira en esos lugares y se puedan tomar medidas si fuera necesario".
Fernández-Pacheco ha valorado "las sugerencias" del PSOE y ha concluido asegurando que "la calidad del aire" asociada a las políticas de lucha "contra el cambio climático" supone un "reto mayúsculo que requiere la sinergia de absolutamente todo el mundo".
Sánchez-Teruel también ha preguntado en el seno de la misma comisión por el motivo que ha llevado al Gobierno andaluz "a autorizar el incremento de un 20% en el precio del billete a pagar a una empresa privada" para poder acceder a las playas protegidas de Mónsul, Genoveses y Cala Carbón, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) y, "también, se ha aumentado en un 50% el canon que recibe la Junta de Andalucía".
Ha trasladado que este "incremento de un euro por ticket expresa claramente cómo actúa el Gobierno del PP" con las "más de 60.000 familias que van a ser las que accedan este verano a esas playas hasta el 24 de septiembre, lo que conlleva que la empresa que gestiona los accesos va a ingresar 60.000 euros más que el año pasado y que la Junta de Andalucía ingrese 3.500 euros más que en 2022".
El parlamentario socialista ha destacado que el informe económico de ese contrato recoge que la empresa obtiene "beneficios superiores a los 100.000 euros y de 7.000 euros" mientras que, en el caso de la Junta, "este año han decidido hacer ese contrato aún más rentable para la empresa y para la administración autonómica, porque ambas van a ingresar bastante más dinero que el año pasado y todo a costa de los usuarios".
"Podrían haberlo hecho de otra manera, bonificando el canon en un 99% y obligando a la empresa a apañarse con los ingresos del año pasado, que le permitieron ganar más de 100.000 euros, pero no pidiendo más a los andaluces", ha reprochado.
El consejero ha considerado, por su parte, que el Gobierno socialista "hizo bien en regular el acceso a esas playas por su altísimo valor ecológico" y ha respondido que, desde el año 2015 en que se estableció el precio de cinco euros, "no se había actualizado".
"Si se le sube un euro más porque es que el precio de la vida está muy caro, aunque los socialistas no se hayan enterado, está muy caro, los costes están carísimos, todo ha subido, incluso la demagogia de aquellos que presentan preguntas tan surrealistas como esta, en la que se nos acusa de ingresar 3.500 euros más, de subir un euro porque no se actualiza desde el año 2015", ha concluido.
