Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cláusulas abusivas en los gastos hipotecarios, la Delegación en Málaga de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha notado un aumento en las reclamaciones de clientes afectados.
A pesar de la falta de un riesgo inminente de prescripción, muchos afectados han decidido iniciar procedimientos de reclamación, que requieren un escrito previo a la entidad financiera. Ante esta avalancha de reclamaciones, algunas entidades han optado por negarse a recibir y registrar estos escritos en sus sucursales, remitiendo a los clientes a la página web de la entidad.
Esto es algo que está sucediendo y que la propia organización ha denunciado durante una entrevista en 7TV Málaga, a través de su delegada provincial, María Lafuente: "Esto ocurre, especialmente, en personas mayores que no tienen menos habilidades digitales. Es completamente irregular; la entidad financiera tiene la obligación de atender tu reclamación".
Desde la OCU consideran inaceptable esta práctica, que busca "dificultar y disuadir" a los consumidores en el ejercicio de sus derechos legítimos. En caso de que no lo hagan, María Lafuente apunta a solicitar la hoja de reclamaciones.
"Hemos solicitado al Banco de España que haga un seguimiento de esta práctica y, en caso necesario, imponga las sanciones correspondientes como supervisor del buen funcionamiento del sector bancario", señala María Lafuente.
Pese a que estemos hablando de cifras que, "en la mayoría de los casos, oscilan entre los 700 y los 1.500 euros", desde la organización animan a los afectados a iniciar la reclamación de los gastos hipotecarios indebidamente abonados debido a cláusulas abusivas impuestas por la banca antes de 2019.
También detallaba la abogada cuáles son los gastos que reclaman y recuperan: "El gasto que pagó el consumidor por la factura de la gestoría, notaría, perito tasador y del registro de la propiedad. De todas las facturas se recupera el 100%, menos el de la notaría que se consigue el 50%".
Lo más normal, como ella misma asegura, es que los bancos se nieguen a llegar a un acuerdo, por lo que los asuntos casi siempre terminan en los tribunales, donde lo más común es que se termine dando la razón al cliente.
