La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha imputado este martes dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Buenaventura Aguilera, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.
Fuentes del caso han informado a los periodistas de que, después de que la juez Mercedes Alaya le haya leído los hechos que le imputa, el abogado de Buenaventura Aguilera ha pedido un receso para poder estudiar dicha imputación, ya que, según ha dicho, no la ha conocido hasta el día de hoy, a lo que la instructora se ha negado.
El exdirector general de Presupuestos, que está defendido por el letrado José María Mohedano y que sustituyó en el cargo a Antonio Vicente Lozano, ha dicho que, en esas condiciones, se acoge a su derecho constitucional a no declarar al no estar en condiciones para ello.
Tras ello se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado medida alguna y la única acusación que ha pedido algo es la ejercida por el sindicato Manos Limpias, que ha solicitado que se le imponga una fianza de responsabilidad civil de 20 millones de euros más el tercio legal previsto.
En este sentido, y según las fuentes consultadas, el abogado de Manos Limpias ha acusado al Ministerio Público de seguir "instrucciones jerárquicas y políticas".
El pasado jueves, el exviceconsejero de Presidencia y antecesor en el cargo de Aguilera, Antonio Vicente Lozano, también se acogió a su derecho a no declarar después de que la instructora le acusara de estar haciendo "teatro".
