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San Fernando

Bahía Sur: Cuando no se está seguro de a quién se le vende el alma

La enajenación contará con estudios jurídicos exhaustivos pero a partir de ahí se pueden reproducir todos los vicios del mercado en un complejo modélico.

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  • El desarrollo de la zona norte de la ciudad pasa por estos terrenos. -
  • La operación abre la puerta a la atomización del complejo y a una especulación no comntrolada
  • Un simple caso de alegalidad dio lugar a la caída de los apartamentos hoteleros en 2004

Es verdad que la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, dejó meridianamente claro que la enajenación del complejo comercial de Bahía Sur sería sometida a un minucioso estudio jurídico -y se supone que económico- antes de que el Ayuntamiento decida desprenderse de ese bien patrimonial.    

De la misma manera, una operación de ese estilo tendría que contar con la aprobación plenaria y hasta ahora el Partido Popular no se pronuncia hasta que esos informes estén sobre la mesa -y aun así no está muy convencido- y Podemos ya ha dejado claro que está en contra.    

Le quedan a Cavada, que no tiene mayoría absoluta, más opciones para sacarlo adelante porque Ciudadanos no se pronunció al respecto y Andalucía por Sí tampoco, aunque su portavoz, Fran Romero, ha estado en sintonía con los socialistas los últimos cuatro años.    


Eso sí, es significativo que los andalucistas quisieran el gran estadio para el San Fernando CD en el actual campo de Sacramento en vez de destrozar un estadio de atletismo sin que al contrario de lo que pensaban los propios andalucistas en 2007, con Fran Romero en el Gobierno y Manuel de Bernardo de alcalde, se obligara a la concesionaria del complejo a construir otro estadio en los terrenos de los polvorines de Fadricas.    

Pero independientemente de lo que digan esos estudios jurídicos, el Gobierno municipal y los grupos que apoyen el proyecto tendrán que tener en cuenta otra serie de efectos colaterales de esa venta por mucho que se consideren los beneficios -económicos para el municipio desde el primer momento y de fomento del empleo como consecuencia- para al menos un par de sectores claves.    

Por una parte están los propietarios del polígono industrial de Fadricas, que vienen sufriendo desde hace años la falta de aparcamientos del centro comercial que convierte la zona industrial en un descansadero en las fiestas más consumistas.

Comunidad de Fadricas

Ya han dejado claro que los responsables del proyecto no pueden pensar sólo en ampliar las tiendas, que es lo mismo que ampliar la clientela, sino que tienen que poner medidas para que la falta de aparcamientos actual no sólo no sea más acuciante, sino que se solucione.    

Los comuneros también han advertido de que existen zonas por donde podría ampliarse que están protegidas por la ley y que su ocupación puede traer problemas para un complejo que desde mediados de 1992 que se inauguró fue el centro comercial más ilegal de Andalucía, con seis sentencias en contra y un arreglo in extremis.    

“Como bien conoce la Administración local” los llamados bienes de dominio público o bienes demaniales, tales como calles, carreteras o plazas entre otros, “disfrutan de un plus de exorbitancias en su protección mediante las reglas de la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad”, dejaron claro desde Fadricas.    

A esas reglas se suma una muy eficaz acción recuperatoria o reivindicatoria directa, en cualquier tiempo, y el reconocimiento a la Administración titular de los bienes de una potestad sancionadora frente a los que los usurpan o dañan.    

A eso se podrían unir -dígase en condicional por ahora- que distintas expropiaciones llevadas a cabo en su día y con una catalogación distinta a la estrictamente comercial podrían ser problemáticas al cambiarse su uso, por mucho que el Plan General de Ordenación Urbana haya sido modificado para ello. Pero aún está sobre el papel. O es más, las condiciones en las que se restauró el estadio en 2010 para acoger los Juegos Iberoamericanos de Atletismo. Cuatro millones de euros de inversión.    

De hecho, la ampliación aprobada se haría “construyendo el nuevo frente del equipamiento deportivo hacia el corredor de infraestructuras (viarias y ferroviarias) y hacia el polígono industrial de Fadricas, generando una nueva área de actividad económica para la ciudad, con la ampliación de los usos terciarios existentes y la incorporación de nuevos usos hoteleros”, dice el PGOU.   

La nueva empresa que tiene la concesión del complejo por un total de 41 años, leído lo que se lee y oído lo que se escucha sobre su estrategia comercial, parece apostar por tiendas más pequeñas después de que hace tiempo se hablara de la instalación de un Primark o la vuelta de los cines.

Esto es, que la estrategia de las grandes tiendas como santo y seña del complejo, como son los casos de El Corte Inglés que se marcha en septiembre o de Carrefour, que mantienen o mantenían las cifras de visitantes al complejo comercial, ya no es la mejor y que las pequeñas tiendas y la hostelería como se está haciendo en otros centros es lo que prima.

El comercio tradicional

Saliendo del centro comercial, de los problemas de los empresarios de Fadricas y de los posibles y condicionados pleitos que surgieran por el cambio de usos de los suelos, los pequeños comerciantes del centro de la ciudad que ya están asustados ante la posibilidad de que el Centro Comercial Abierto pierda las ayudas autonómicas antes incluso de que la gente de a pie se entere de lo que es un Centro Comercial Abierto, tienen motivos para temblar.    

Ya en 1992 se incumplieron la inmensa mayoría de acuerdos pactados por el Ayuntamiento de San Fernando y la empresa constructora del complejo, Parques Urbanos SA, y ahora no se van a fiar de las buenas palabras de unos y de otros sabiendo en qué terminan las buenas palabras al cabo de los tres o cuatro meses siguientes.    

A ello se le une que en los suelos de Janer habrá -Dios mediante- otra superficie comercial que a estas alturas ya debería estar hasta repintándose pero que como otras tantas cosas se ha retrasado    

Las dos, de todas formas, funcionan o funcionarían sin que la afluencia de gente beneficiara al comercio del centro, ya que están a las afueras del casco urbano al que además, cada vez es más difícil entrar (sin perderse) y ambas cuentan y contaran con todo tipo de servicios que no invitarán a casi nadie a visitar el Conjunto Histórico y BIC de San Fernando.    

Porque el centro de la ciudad tiene esa catalogación por Decreto 266/1996, de 28 de mayo, por el que se declara Bien de Interés Cultural, el Conjunto Histórico de San Fernando, Cádiz, publicado en BOJA nº109 de 21 de septiembre de 1996.    

¿O es que alguien cree que lo del Plan de Protección del Casco Histórico que no permite un mísero escaparate para un comercio fue una ocurrencia de alguien que no se dedicaba al comercio tradicional?

Puertas abiertas a la especulación

También se ha dejado caer en la campaña electoral de las Municipales e incluso en el mismo momento, meses antes, en que la alcaldesa de San Fernando anunciara que se retomaba el proyecto de ampliación de Bahía Sur suspendido por la crisis del ladrillo y que incluso se estudiaba la enajenación del suelo.

Rápidamente saltó a la palestra la palabra especulación como uno de los peligros potenciales -porque quienes lo dijeron fueron prudentes- cuando en la propia enajenación está implícita la especulación. Bien mirado, pensarán algunos, la especulación -que es una práctica tan legítima como cualquier otra dentro de unos límites- se daría también con los alquileres. O se da.

Pero mirando atrás no muchos años se puede comprobar cómo un concepto que no estaba regulado como era la atomización del complejo de apartamentos ha terminado como el rosario de la aurora. Con empresas e inversores dueños de la propiedad incluso se puede perder la política única de los administradores que lo han gestionado si la empresa actual vende parte o lo parte todo para venderlo. Como en el Oeste. 

El Ayuntamiento, que podría ampliar la concesión actual en los años que hicieran falta sin perder el control de los terrenos y por ende, del patrimonio municipal, no descarta -por eso de los estudios jurídicos que se han encargado- vender ese bien público y hacer caja.

La razón es que los inversores no invierten porque no es lo mismo una concesión que un título de propiedad -ejemplo, lo que ha hecho la Ley de Costas con las salinas- pero está claro que se mire por donde se mire, la opción que se estudia abre la caja de Pandora. ¿O se han olvidado de Fadricas II donde varios propietarios compraron la mitad del suelo?

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