En marzo de 2019 aterrizaba en Málaga Bird, una empresa de Santa Mónica (Estados Unidos) de alquiler de patinetes eléctricos que se sumaba a otras seis compañías que prestaban el servicio.
Arrancaba con una flota de 100 patinetes, que se enfrentaban a bastantes quejas ciudadanas, y comenzaron operando con un sote para el usuario de un euro para el desbloqueo y 15 céntimos por minuto.
Ahora, dos años más tarde y según publica El Plural, la empresa americana dejará de prestar su servicio en la ciudad de Málaga, porque se le ha retirado la licencia “por operar durante años sin licencia alguna”, indica el rotativo.
Esta redacción ha intentado contrastar con ambas partes, Bird y Ayuntamiento de Málaga, el contenido de esta información sin que hasta el momento haya habido confirmación o desmentido de la información difundida.
Al parecer, empresa norteamericana se habría negado a firmar la declaración responsable que le pedía el Consistorio para certificar que sus vehículos cumplen con la normativa marcada por la Dirección General de Tráfico (DGT).
El Plural destaca que Bird se niega a cumplir la normativa que estipula, entre otras cosas, que se certifique que sus patinetes están fabricados con una velocidad máxima de 25 km/h. Aseguran que la negativa llegó “durante el proceso de otorgamiento de licencias que el Ayuntamiento de Málaga está haciendo a los operadores interesados en ofrecer sus servicios en la ciudad. La documentación técnica no dejaba claro si sus patinetes superaban el límite de velocidad permitido para estos vehículos, conllevando una peligrosidad que el Ayuntamiento malagueño se negaba a asumir”.
Todo indica que, al pedir aclaraciones el Ayuntamiento, se propuso a la empresa la fórmula alternativa, ofrecida a todos los operadores: la firma de un documento público en el que su máximo responsable asume el compromiso de cumplir con las exigencias técnicas. Así, Bird debía firmar una declaración responsable (como han hecho prácticamente todos los otros operadores), pero no lo hizo.
Esta negativa de Bird a firmar el documento supone la exclusión inmediata de la empresa del proceso de licencias, que la propia empresa había impulsado a iniciativa propia, antes de conocer que se le iba exigir demostrar el cumplimiento de las exigencias técnicas vinculadas a la seguridad de sus vehículos.
Este hecho compromete la presencia de Bird en otras ciudades españolas en las que opera, como Madrid, Tarragona o Zaragoza, al no estar certificado que sus vehículos sean legales.
Ya en 2019, la compañía Bird fue acusada junto a otra la empresa norteamericana, Lime, por operar de manera ilegal en ciudades como Sevilla, debido a que la potencia de sus motores no se ajustaba a la normativa de movilidad, que obliga a las empresas a disponer de vehículos que no tengan más de 250 vatios de potencia, y puedan circular como máximo a 25 km/h. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Sevilla les impuso más de 350 denuncias y retiiró más de 270 patinetes.
