El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz el martes pasado que autoriza al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a suscribir un acuerdo transaccional para abonar algo más de 121 millones de euros para poner fin a procedimientos judiciales en curso con la entidad mercantil José Manuel Pascual Pascual SA originados entre los años de conciertos por la Administración autonómica con dicha entidad entre 2011 y 2017 ha reabierto el debate sobre la financiación de la sanidad privada.
El coordinador provincial de IU, Jorge Rodríguez, ha considerado que la decisión “es un atropello a los derechos de los ciudadanos”, “dado que enriquece a una empresa que está haciendo del servicio un negocio más que rentable mientras se despiden a sanitarios en la sanidad pública mes a mes”.
El líder de la formación de izquierda, que ha dado la batalla en el Parlamento de Andalucía por los sobrecostes facturados en ese periodo de tiempo por Pascual al SAS, considera que “es una barbaridad que el Gobierno autonómico haya incrementado en más de 200 millones de euros el nuevo concierto, elevándolo a 771” y ahora abone otros 125 millones. “Estamos hablando de que Pascual va a recibir 1.000 millones de euros prácticamente en cinco años” por los concierto en Huelva y la provincia (Sanlúcar, El Puerto, Villamartín y la capital).
A ello hay que sumar otros 44,5 millones de euros por la asistencia prestada desde el 8 de junio de 2021, fecha en la que finalizó el contrato suscrito en 2017, hasta el 31 de octubre de 2021.
Antonio Vergara, coordinador de Marea Blanca Gaditana y portavoz del movimiento a nivel andaluz, no se sorprende. “La sanidad privada es la prioridad del Gobierno andaluz”, lamenta. Si bien da por bueno el argumento de que es mejor un buen acuerdo que un mal pleito, indica que, en cualquier caso, al final, “Pascual, como la banca, siempre gana”.
