España se ha convertido en el primer país del mundo en adaptar su legislación a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al aprobar el proyecto de ley que refuerza los derechos de este colectivo. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Gobierno ha modificado once leyes, para garantizar la no discriminación y su plena integración en la sociedad, según la referencia del Consejo.
Así, el cupo de las ofertas de empleo público para personas con discapacidad pasa del cinco al siete por ciento, un aumento que deberá cubrirse por personas con discapacidad intelectual.

El Ejecutivo ha adaptado la definición legal de “persona con discapacidad” a la contenida en la Convención: quienes presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones.

Se modifica también el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

De esta forma, en el supuesto de que las instituciones que prestan servicios sociales cometiesen una infracción muy grave, se contempla la posibilidad de que esto conlleve la inhabilitación definitiva para el ejercicio de estas actividades.